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De acuerdo con la OMS, “la cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”. Y esta abarca todos los servicios esenciales de salud de calidad, que incluyen desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación o los cuidados paliativos.
La Organización Mundial de la Salud destaca que aproximadamente la mitad de la población no dispone de un acceso integral a los servicios básicos de salud. Además, unos 100 millones de ciudadanos viven en la pobreza extrema como consecuencia de tener que hacerse cargo del pago de los servicios sanitarios. Asimismo, se estima que el 12% de las familias gastan como mínimo un 10% del presupuesto para hacer frente a los gastos de salud.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado intentar alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha avalado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a las personas de 59 a 40 años, comenzando por las de mayor edad.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, esta dosis de recuerdo se administrará a partir de los 6 meses de la última dosis con ARNm, siguiendo las recomendaciones de la Ponencia de Vacunas.
Igualmente, también se ha aprobado administrar dosis de refuerzo a aquellas personas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca, fundamentalmente los trabajadores esenciales, como profesores, bomberos o policías. En estas personas, la dosis de recuerdo se administrará a partir de los 3 meses de la última dosis.
Por otra parte, la Comisión de Salud Pública ha insistido en que debe priorizarse la vacunación en personas de 12 años y en aquellas personas que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna y las dosis de refuerzo en los grupos más vulnerables, es decir, los mayores de 60 años.
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Las tasas de incidencia y mortalidad por ictus en todo el mundo disminuyeron ligeramente entre 1990 y 2019, pero las cifras globales siguen siendo altas, especialmente en los países de ingresos altos y medios, según un estudio publicado en la edición online de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología.
"El descenso se debe probablemente a los mejores servicios médicos disponibles en los países de ingresos altos, que pueden ofrecer una detección más temprana de los factores de riesgo de ictus y un mejor control de estos factores de riesgo", explica la autora del estudio, Liyuan Han, doctora de la Universidad de la Academia China de Ciencias en Ningbo, China.
"Pero incluso en estos países, el número total de personas con ictus está aumentando debido al crecimiento de la población y al envejecimiento --añade--. Y en todo el mundo el ictus es la principal causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad en los adultos".
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Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han acordado esta madrugada la revisión de la directiva sobre agentes cancerígenos y mutágenos que reducirá el límite permitido de exposición al benceno y establece niveles nuevos para el níquel y el acrilonitrilo en los lugares de trabajo.
La UE quiere reforzar así la protección de los trabajadores europeos frente a sustancias cancerígenas o que puedan tener efectos negativos sobre la fertilidad. Para que el acuerdo pueda entrar en vigor necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete.
El resultado de las negociaciones recoge la petición de los eurodiputados de que la Comisión Europea presente un plan de acción diseñado para limitar los valores de exposición profesional para al menos 25 sustancias o grupos de sustancias antes de 2022.
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