El número del Colegio de Médicos para la Lotería de Navidad 2018 es el
40411

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el sistema de emisión de receta médica privada en papel que el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña aprobó en noviembre de 2012, y que recurrió el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) por "conflicto de competencias"

El fallo estima el recurso de apelación formulado por el CGCOM y contradice la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona de abril de 2015, que ha revocado y dejado sin efecto. De esta forma, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del consejo catalán de noviembre de 2012, que queda anulado, así como también "todas las actuaciones realizadas en ejecución de la citada resolución".

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña aprobó en una sesión plenaria de 21 de noviembre de 2012 un informe de la Asesoría Jurídica sobre la receta médica privada en papel, estimando que era competente para su edición al no existir una limitación derivada de la regulación del Real Decreto 1718/2010. Tras la aprobación, se publicaron en las páginas web de los colegios provinciales un modelo de receta médica en papel con las condiciones de prescripción.

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la llamada colegiación de oficio. El Tribunal permite que los colegios profesionales obligatorios incorporen a sus filas a quienes ejercen la actividad pero que no están registradas. De este modo, avala la obligación de la colegiación y exige a estos trabajadores formar parte de la comunidad colegial o dejar de ejercer la actividad si deciden no inscribirse en la unión profesional correspondiente.

"El expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida", explica el Supremo en una sentencia de 16 de julio de 2018. El Tribunal aprecia esta exigencia "en garantía y tutela del interés público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación".

El magistrado Herrero Pina, ponente del fallo, apunta que la colegiación obligatoria se justifica por un interés público de que su ejercicio se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, para cuya efectividad se atribuyen al colegio las funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran".