Dr. D. Luis Alfonso Pérez Gallego

Secretario General
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora

La práctica profesional diaria exige una atención especial en cuanto a la confidencialidad de los datos registrados en la historia clínica como manifestación de la protección al derecho a la intimidad de los pacientes.

Ha tenido amplia repercusión en prensa una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que ha condenado a un médico de Atención Primaria del Sistema público a una pena de prisión de dos años, seis meses y un día por ser el autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El tribunal también le impone una inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión por un tiempo de seis años por haber accedido a la historia clínica de un compañero con el que habían surgido conflictos para consultar quién era su médico de cabecera y sin ningún tipo de justificación asistencial o legal. Realmente, la sentencia se limita a aplicar la ley, que es muy estricta.

Este antecedente abre la vía judicial en caso de infracción de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, si bien desde el mismo fallo eleva una petición de indulto de la mayor parte de la condena, por entender que existe una evidente desproporción entre la pena impuesta y la gravedad de los hechos.

No todos los profesionales sanitarios, ni siquiera todos los facultativos, están autorizados a acceder a cualquier historia clínica, sino únicamente a las de los pacientes que tratan, y solo con fines asistenciales.

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