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El año 2021 concluyó con un total de 20.510 enfermedades profesionales declaradas, lo que supone un aumento del 11,47% respecto a 2020, año en el que este dato cayó por el descenso de la actividad empresarial por culpa de la pandemia de covid-19.
Así se desprende de los datos sobre enfermedades profesionales y patologías no traumáticas publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al año 2021, y de los que se ha hecho eco el sindicato UGT.
Pese al repunte de 2021, UGT denuncia la “infradeclaración existente” en España, por lo que reclama más vigilancia y control en las empresas.
Además, ve “imprescindible” que la covid-19 sea incluida en el listado español de enfermedades profesionales, dentro del Grupo 3 (causadas por agentes biológicos), en línea con lo establecido por el Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, en el que la Comisión Europea se compromete a actualizar la Recomendación relativa a las enfermedades profesionales para incluir la covid-19.
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La Comisión Europea completó este miércoles el pago de la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) destinada a diecinueve países para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus por un importe total de casi 385,5 millones de euros.
Este importe se añade a los 132,7 millones de euros abonados en 2020 a los Estados miembros que solicitaron un anticipo del FSUE. Estos solicitantes fueron diecisiete Estados miembros como son Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Rumanía; y tres países candidatos que son Albania, Montenegro y Serbia.
En el contexto de la emergencia sanitaria causada por la covid-19, el apoyo financiero del FSUE financia la asistencia médica, la compra y la administración de vacunas, equipos de protección individual y productos médicos, los costes de la asistencia sanitaria, los análisis de laboratorio, la asistencia urgente de la población y las medidas de prevención, seguimiento y control de la propagación de la enfermedad, salvaguardando así la salud pública.
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El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, determina que “en los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el médico emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico”.
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) valora como conveniente la intención manifestada por la Seguridad Social de extender este periodo a siete días, dado el contexto actual de la pandemia y la sobrecarga asistencial y administrativa que colapsa la Atención Primaria, siempre que la solución adoptada no infrinja la legalidad vigente. La corporación insiste en que la normativa actual impide el realizar el parte de baja y alta pasados los cinco días, y la solución que se pretende adoptar añade inseguridad jurídica al médico.
De igual modo, el CGCOM considera que la COVID19 crea la necesidad imperiosa de hacer cambios que ya eran ineludibles en el escenario anterior a la pandemia, por lo que trasladan a las autoridades sanitarias y del Instituto de la Seguridad Social la propuesta de activar una mesa técnica que aúne las aportaciones de Colegios de Médicos, Sociedades Científicas y Organizaciones Sindicales, las cuales llevan tiempo planteando iniciativas para racionalizar, simplificar y desburocratizar todo el proceso de gestión y control de la incapacidad laboral.
FUENTE: medicosypacientes.com
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Según el último informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, publicado este mes de enero y elaborado por el Dr. Vicente Matas, Medicina es la titulación con mayor número de admitidos al examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2022, con 13.059 aspirantes a la prueba de Médicos Internos Residentes (MIR), frente a los 14.425 del año pasado, lo que se traduce en 1.366 estudiantes menos.
El porcentaje de feminización del total de admitidos a examen, estimado a partir del nombre, es del 75,1% y como podemos ver en la tabla correspondiente del informe, va desde un mínimo del 43,7% para Física hasta el 89,2% para Enfermería, pasando por el 64,4% de Medicina, el 68% de Química, el 74,2% de Biología, el 77,8% de Farmacia y el 82,8% de Psicología.
En cuanto a la situación administrativa, la inmensa mayoría se presentan sin limitaciones, seguido por los afectados por el cupo, en total de 1.527 de ellos 382 acogidos a estancia de estudios y los 1.145 restantes afectados por otras situaciones con cupo de plazas. Acogidos a residencia temporal han sido admitidos 772, con régimen comunitario han sido admitidos 529 y los 142 restantes con residencia permanente. El porcentaje de feminización va desde el 53,1% de los acogidos a otras situaciones con cupo de plazas hasta el 77,1% de los que han sido admitidos sin limitaciones, para las otras situaciones se puede consultar la última columna de la tabla 1 siguiente. Por el turno de minusvalía han sido admitidos 370 aspirantes con un porcentaje de feminización del 71,4%.
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