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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentó esta tarde a los miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los resultados del Estudio ENE-COVID Senior elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, donde se concluye que una tercera dosis vacunal en pacientes de más de 65 años aumenta de manera significativa los niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las variedades Ómicron y Delta en la población española.
Darias informó de este asunto, y del resto del orden del día del pleno extraordinario del CISNS, en rueda de prensa junto al director del ISCIII, Cristóbal Belda, quien explicó que “el estudio ENE-COVID Senior está dirigido a evaluar la dinámica inmunológica a lo largo del tiempo de las personas que han completado diferentes pautas vacunales, con especial énfasis en grupos de personas mayores de 65 años”. En el mismo encuentro informó de la bajada del indicador de Incidencia Acumulada del SARS-CoV-2, por segundo día consecutivo, hasta situarse en 3.286 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó que tras este estudio es “importante seguir con la hoja de ruta que nos hemos marcado: vacunar, vacunar y vacunar porque sabemos que es la gran arma para luchar contra este virus”.
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El año 2021 concluyó con un total de 20.510 enfermedades profesionales declaradas, lo que supone un aumento del 11,47% respecto a 2020, año en el que este dato cayó por el descenso de la actividad empresarial por culpa de la pandemia de covid-19.
Así se desprende de los datos sobre enfermedades profesionales y patologías no traumáticas publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al año 2021, y de los que se ha hecho eco el sindicato UGT.
Pese al repunte de 2021, UGT denuncia la “infradeclaración existente” en España, por lo que reclama más vigilancia y control en las empresas.
Además, ve “imprescindible” que la covid-19 sea incluida en el listado español de enfermedades profesionales, dentro del Grupo 3 (causadas por agentes biológicos), en línea con lo establecido por el Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, en el que la Comisión Europea se compromete a actualizar la Recomendación relativa a las enfermedades profesionales para incluir la covid-19.
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La Comisión Europea completó este miércoles el pago de la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) destinada a diecinueve países para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus por un importe total de casi 385,5 millones de euros.
Este importe se añade a los 132,7 millones de euros abonados en 2020 a los Estados miembros que solicitaron un anticipo del FSUE. Estos solicitantes fueron diecisiete Estados miembros como son Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Rumanía; y tres países candidatos que son Albania, Montenegro y Serbia.
En el contexto de la emergencia sanitaria causada por la covid-19, el apoyo financiero del FSUE financia la asistencia médica, la compra y la administración de vacunas, equipos de protección individual y productos médicos, los costes de la asistencia sanitaria, los análisis de laboratorio, la asistencia urgente de la población y las medidas de prevención, seguimiento y control de la propagación de la enfermedad, salvaguardando así la salud pública.
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El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, determina que “en los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el médico emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico”.
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) valora como conveniente la intención manifestada por la Seguridad Social de extender este periodo a siete días, dado el contexto actual de la pandemia y la sobrecarga asistencial y administrativa que colapsa la Atención Primaria, siempre que la solución adoptada no infrinja la legalidad vigente. La corporación insiste en que la normativa actual impide el realizar el parte de baja y alta pasados los cinco días, y la solución que se pretende adoptar añade inseguridad jurídica al médico.
De igual modo, el CGCOM considera que la COVID19 crea la necesidad imperiosa de hacer cambios que ya eran ineludibles en el escenario anterior a la pandemia, por lo que trasladan a las autoridades sanitarias y del Instituto de la Seguridad Social la propuesta de activar una mesa técnica que aúne las aportaciones de Colegios de Médicos, Sociedades Científicas y Organizaciones Sindicales, las cuales llevan tiempo planteando iniciativas para racionalizar, simplificar y desburocratizar todo el proceso de gestión y control de la incapacidad laboral.
FUENTE: medicosypacientes.com
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