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Unión Profesional y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) colaborarán en distintos campos para la protección integral de las personas mayores a través de la investigación, la creación de equipos multidisciplinares y acciones por la cultura del envejecimiento sin estereotipos de acuerdo con el convenio firmado por ambas organizaciones.
Victoria Ortega Benito, presidenta de Unión Profesional, y José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, han firmado un convenio del que ambos han coincidido en destacar la necesidad de «unir esfuerzos con el fin de analizar e investigar en las áreas de interés común en materia de protección integral de las personas mayores».
Ambas entidades impulsarán la acción investigadora y emprendedora de las y los profesionales colegiados que dediquen sus líneas de investigación y trabajo a iniciativas o proyectos enmarcados en el ámbito de las personas de edad. También promoverán como prioridad la inclusión del envejecimiento en las distintas disciplinas académicas.
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Una investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), realizada en el marco del grupo de trabajo sobre vacunación en España contra la COVID-19, concluye que la efectividad de las vacunas basadas en ARN mensajero (Pfizer y Moderna) utilizadas en residentes de centros de mayores ha sido del 71% frente a la infección sintomática y asintomática por SARS-CoV-2, del 88% en la prevención de hospitalizaciones, y del 97% en evitar fallecimientos. Los resultados acaban de publicarse en Eurosurveillance.
Los residentes en centros de mayores han sido un colectivo especialmente afectado por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Se trata de un grupo de población con una especial vulnerabilidad debido a su edad, presencia de condiciones crónicas y por su situación de fragilidad, entre otros factores. Desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de abril de 2021 se notificaron 30.176 muertes relacionadas con COVID-19 en residentes de centro de mayores. Debido a la elevada morbimortalidad causada por la enfermedad, este grupo de población fue, junto con los profesionales sanitarios, el primero en el que se priorizó la administración de la vacunación frente a COVID-19 en España, que comenzó el pasado 27 de diciembre.
El estudio incluye datos obtenidos entre el 27 de diciembre de 2020 y el 4 de abril de 2021, fecha en la que 300.133 residentes de centros de mayores con 65 o más años (88.8% del total) habían completado la pauta de vacunación frente a la COVID-19. En ese periodo se estimaron, a partir de la información notificada de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), que coordina el CNE-ISCIII, un total de 8.370 casos de COVID-19 en personas con 65 o más años residentes en centros de mayores, que fueron incluidos en el estudio.
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El Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona, con sede en Tudela, ha dictado sentencia condenatoria contra un paciente “por delito de atentado” con seis meses de prisión y “por delito leve de lesiones” al pago de 997,30 euros como indemnización al médico agredido.
La agresión se produjo el 20 de octubre de 2019 a un facultativo del Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra), que atendió al paciente de una herida en la cabeza tras una pelea. Según explica la sentencia, “en el momento en el que terminó de dar el último punto, el acusado, con clara intención de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física ajena, le golpeó dándole un puñetazo en la cara”.
El profesional agredido denunció a través de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Navarra. La sentencia muestra su conformidad con la calificación de la acusación, “dado que los hechos declarados probados -por expreso reconocimiento del acusado- son constitutivos de un delito de atentado previsto y penado en el art. 550 1º y 2º del Código Penal y de un delito leve de lesiones penado en el art.147.2 del Código Penal”.
La sentencia es firme y, contra ella, no cabe recurso ordinario. Obliga, además, al pago de las costas al acusado.
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La Dra. Mª Sonsoles Castro, representante nacional de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), presentó la jornada virtual divulgativa sobre el Certificado Médico de Defunción Electrónico donde puso en valor las ventajas y sencillez de este procedimiento.
La doctora Castro explicó las últimas modificaciones y mejoras que se han producido en este certificado, entre las que destacan la inclusión de nuevos ítems como la presencia de enfermedades infecciosas y el trabajo realizado para la creación del e-Certificado tras numerosas reuniones con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Justicia y que, en la actualidad, se encuentra en fase de pruebas.
La representante de administraciones públicas del CGCOM indicó que es aconsejable que todos los médicos empiecen a familiarizarse con él ya que se pretende que sea el que se utilice mayoritariamente, aunque destacó que se trata del mismo certificado que en papel. Este e-certificado, otorga garantías que no da en papel, referentes a la identidad del colegiado, ya que, “por defecto, una vez que acceda, habrá una serie de campos relativos al médico que se cumplimentarán automáticamente”, de modo que también es más fácil de cumplimentar.
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