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La Organización Mundial de la Salud para Europa (OMS Europa) ha publicado una nueva guía sobre cómo implicar a los adolescentes y los jóvenes en la toma de decisiones sobre su salud, haciendo un llamamiento a los gobiernos para que "escuchen y comprendan" las perspectivas, experiencias y necesidades de los jóvenes a la hora de realizar políticas o decisiones que afecten a su salud.
Puede tratarse, por ejemplo, de políticas que formen parte de una estrategia nacional de salud infantil y adolescente, o de aquellas relacionadas con los servicios de salud para jóvenes y adolescentes.
"Los responsables de la toma de decisiones tienen la responsabilidad profesional y moral de garantizar que cualquier política que afecte a la salud de los jóvenes incluya realmente a los jóvenes en todas las etapas", ha explicado la doctora Natasha Azzopardi Muscat, directora de Políticas y Sistemas de Salud de los Países de la OMS Europa.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado este viernes que el centro de vacunas ARNm contra la COVID-19 que está impulsando en Sudáfrica, y que ha llevado a los primeros pasos de una vacuna similar a la de Moderna, "es la base" para que los países de ingresos medios y bajos consigan la "autosuficiencia".
"La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la producción local de vacunas en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. El centro mundial de ARNm de la OMS es un paso importante en esa dirección, al compartir tecnología y aprovechar la capacidad y los conocimientos científicos que ya existen en Sudáfrica", ha comentado en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El máximo mandatario del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas visitará este viernes a una serie de socios del sector público y privado que están colaborando para desarrollar y construir este centro, acompañado por varios ministros sudafricanos y por la ministra de Cooperación al Desarrollo y Política Urbana de Bélgica, Meryame Kitir.
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El Gobierno de España ha modulado los requisitos sanitarios de entrada a España para personas mayores de 12 y menores de 18 años procedentes de países de fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen, donde el acceso a la vacuna contra el SARS-CoV-2 de este grupo etario presenta dificultades o aún no es posible.
Así, a partir de las 00:00 horas del día 14 de febrero, los viajeros entre 12 y 17 años procedentes de estos países y que no estén en posesión de un certificado válido de vacunación, podrán presentar una prueba de amplificación de ácido nucleico molecular NAAT (RT-PCR o similar) del SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada 72 horas antes de su llegada a nuestro país.
En esta Orden, firmada por el ministro del Interior, han participado los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y de Industria, Comercio y Turismo y Sanidad.
Asimismo, los menores de 12 años, que viajen con un adulto, no estarán sometidos a ningún tipo de requisito sanitario, tal y como se realizaba hasta ahora. Esta medida está, además en sintonía con la propuesta de modificación de la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE que actualmente está siendo revisada.
FUENTE: medicosypacientes.com
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha finalizado las actuaciones de la demanda interpuesta por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) contra el Ministerio de Sanidad, al que reclama 400 millones de euros por no realizar el pago de las ayudas a los afectados por la talidomida.
La demanda se sustenta en que la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecía la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España: una con cargo a los presupuestos públicos y otra a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad.
En la demanda se denunciaba la "pasividad palmaria" del Ministerio por "no haber concluido el registro de afectados; no haber regulado la exención fiscal de las ayudas; no haber promulgado el real decreto que ordene la petición y pago de las ayudas; y en definitiva, no haber pagado nada de las ayudas que exigía la LGPE 6/2018".
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