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Expertos de 17 organizaciones internacionales han publicado un estudio en la revista Communications Medicine del grupo de Nature en el que piden una estrategia coordinada de comunicación para incrementar la confianza en la vacunación de la COVID-19 en España que incluya a los colectivos en riesgo de exclusión. En la publicación, liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y han participado Sociedades científicas, hospitales, universidades y organizaciones dedicadas a la salud pública, la inmunología y la lucha contra la desinformación en salud.
“Las campañas de vacunación están siendo lastradas por los bulos, lo que dificulta que se pueda vacunar a la población, especialmente a colectivos más marginales, como migrantes, personas sin hogar, usuarios de drogas, algunas minorías étnicas o personas desfavorecidas, a los que no llegan las campañas de vacunación”, resume Jeffrey V. Lazarus, autor principal e investigador de ISGlobal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2019 que las dudas sobre la vacunación son una de las diez mayores amenazas a la salud global. La desinformación es uno de los factores que más influye en la reticencia frente a las vacunas. Durante la pandemia de la covid-19 se ha creado una infodemia sin precedentes, una epidemia de bulos mezclada con información verdadera que dificulta la capacidad del público para distinguir la información fiable y basada en evidencia de la falsa.
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El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), participó ayer en la jornada “La Eutanasia: un nuevo derecho, una nueva prestación sanitaria”, organizada por la Fundación Valdecilla en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la que denunció la “participación nula” que han tenido los profesionales sanitarios en la Ley de la Eutanasia. “Es una ley exprés, precipitada y excesivamente burocrática que no tiene en cuenta la práctica asistencial”, dijo.
Concretamente, el Dr. Tomás Cobo participó en la Mesa jurídico-organizativa de la Jornada, en la que insistió que “no se ha contado con los profesionales ni con la opinión de la profesión médica y enfermera en el desarrollo de la Ley de la Eutanasia” y, además, “no ha tenido en cuenta la practica asistencial desde el punto de vista jurídico, ni se ve reflejado nuestro día a día asistencial ni que cada paciente y situación es diferente”.
En cuanto a la polisemia de la palabra eutanasia afirmó que hay que tener en cuenta que este concepto “tiene líneas muy finas difíciles de encajar en torno a una serie de términos relativos al proceso al final de la vida como son la analgesia, sedación terminal, la adecuación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos o eutanasia” y que la población desconoce.
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no ha encargado durante todo el tiempo que se prolonga la pandemia del Covid-19 ningún “informe, estudio o dictamen” para mejorar el marco legal para hacer frente a crisis sanitarias de este tipo.
Así lo asegura Justicia en una respuesta facilitada a través del Portal de Transparencia, al que Servimedia se dirigió para saber si el departamento que dirige Campo había encargado durante la pandemia del último coronavirus algún estudio sobre cómo perfeccionar las respuestas legales frente a estos fenómenos.
En concreto, se preguntó “si, tras declararse el 14 de marzo de 2020 el primer estado de alarma por la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Justicia encargó algún informe, estudio o dictamen sobre la eventual modificación de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”.
A este respecto, la Secretaría General Técnica de Justicia ha respondido que “no le consta que se haya recabado informe, estudio o dictamen alguno en el sentido indicado”, en alusión a trabajos sobre cómo mejorar la normativa española sobre salud pública.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado varios compromisos para impulsar el cambio en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en el Foro de Igualdad de Género, celebrado la semana pasada en París.
Los compromisos de la OMS se centraron en poner fin a la violencia de género, promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y apoyar a los trabajadores sanitarios, así como a los movimientos y el liderazgo feministas.
El Foro, que marca el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín sobre la Mujer, llegó en un momento crítico, ya que la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género existentes. La OMS lideró dos áreas clave del Foro: la Coalición de Acción contra la Violencia de Género (codirigida con ONU Mujeres y otros socios) y la Iniciativa de Igualdad de Género en el Personal Sanitario y Asistencial entre Francia, Women in Global Health y la OMS.
Reconociendo que el sector sanitario tiene un importante papel que desempeñar en la prevención y la respuesta a la violencia de género contra las mujeres y las niñas, la OMS se comprometió a aumentar el número de países con protocolos clínicos centrados en una respuesta sanitaria integral, centrada en el superviviente y empática para las mujeres y las niñas sometidas a violencia; ampliar la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas basada en pruebas en 25 países con alta prevalencia; y desarrollar y apoyar la adopción por parte de los médicos, los responsables políticos y los gestores de un curso de formación sobre respuestas sanitarias a la violencia contra las mujeres y las niñas a través de la Academia de la OMS.
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