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En España se estima que una de cada cuatro personas mayores de 20 años padece alguna patología reumática, lo que supone cerca de 11 millones de afectados, según se desprende del estudio Episer de la Sociedad Española de Reumatología (SER) que ha puesto en marcha la campaña 'Una de cada cuatro' para hacer visible estas enfermedades.
Según informó este martes el presidente de la SER, el doctor José María Álvaro-Gracia, “a pesar de su alta prevalencia y de su gran impacto personal, familiar y social, las enfermedades reumáticas siguen siendo desconocidas para la población en general".
Por ello, añadió, "es importante promover campañas como la que hoy lanzamos para aumentar este conocimiento, lo que contribuirá a mejorar su diagnóstico precoz que, junto con un tratamiento adecuado, resulta fundamental para mejorar la función de los pacientes, así como su calidad y años de vida”.
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El Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades y Microbiología Clínica (Seimc) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) han publicado de forma conjunta una guía de recomendaciones para mejorar la atención de las personas con VIH en Atención Primaria y Hospitalaria.
Según informaron este martes ambas sociedades científicas, se trata de un documento pionero en Europa que, con más de 300 referencias bibliográficas, pretende aprovechar el conocimiento, las fortalezas y potencialidades de cada ámbito asistencial para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz, el abordaje de otras comorbilidades o la correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, entre otros.
Coordinado por los doctores Nuria Orozco, Ignacio Alastrué y José L. Ramón, por parte de semFYC, y por Juan E. Losa y María Jesús Pérez Elías en representación de GeSIDA, el documento nace con el objetivo de “facilitarle la vida al paciente, colocándolo en el centro de nuestra actividad”, subrayaron los coordinadores de este manual, creado durante la pandemia de la covid-19.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la puesta en marcha desde este lunes de la nueva estrategia de vigilancia y control de enfermedades, la cual ha sido consensuada con "todas" las comunidades autónomas y "de acuerdo" con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).
Sánchez se ha pronunciado así en el encuentro del foro 'Generación de Oportunidades', organizado por Europa Press y McKinsey, donde ha recordado que ya se está "superando" la pandemia del coronavirus y que España cuenta con uno de los "mejores" índices de vacunación frente al Covid-19 de Europa y del mundo y, además, el índice de contagios es "muy inferior" al de otros países europeos.
La principal novedad de la nueva estrategia de vigilancia es que se ha modificado la indicación de realización de pruebas diagnósticas, que se centrará ahora en personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. Así, el diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo.
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El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha abierto la consulta pública previa a la elaboración del texto de un anteproyecto de Ley de prevención de los efectos negativos del consumo de alcohol en menores, que, entre otros objetivos, persigue prevenir la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad y los daños que pueda causar.
Así lo recoge el texto del anteproyecto, que, en este trámite, podrá ser enriquecido con las aportaciones de personas, organizaciones y asociaciones “potencialmente afectadas” por la futura norma, que pueden hacer llegar sus opiniones hasta el 8 de abril, pero también "tendrá en cuenta" la información aportada en la consulta pública impulsada con el mismo objetivo entre el 27 de abril y el 11 de mayo de 2018.
La futura ley persigue proteger a los menores de edad frente a las “consecuencias negativas del consumo de alcohol”, e “incrementar” en el conjunto de la sociedad la “percepción del riesgo” que, para la salud de dichas personas, “comporta este consumo” y su "objetivo principal” es la “protección” de los menores de edad, “conforme a los mandatos constitucionales de protección de la infancia y de tutela de la salud pública”. Con respecto a la necesidad y “oportunidad” de su aprobación, Sanidad defiende la urgencia de adoptar medidas preventivas “eficaces” para evitar la “problemática” asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad.
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