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El nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, participa mañana jueves, 30 de marzo, en la presentación del nuevo Código de Deontología Médica del Consejo General de Médicos en un acto que se celebra en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados a las 18:30 horas.
Junto al nuevo titular del ramo participará la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor y la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero. Además, en el acto intervendrán también representantes de las asociaciones de pacientes, así como el presidente del Comisión Central de Deontología del CGCOM, Dr. José Mª Domínguez Roldán y el presidente de la corporación, Dr. Tomás Cobo Castro.
El nuevo Código de Deontología Médica de la corporación médica española, aprobado en diciembre de 2022 y fundamentado en los principios universales de la Medicina, está alineado con el Código Ético de la Asociación Médica Mundial, que se aprobó en octubre de 2022.
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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. Tomás Cobo, y el presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME), el Dr. Javier García Alegría, han escrito una carta, en representación a la práctica totalidad de los médicos y médicas españoles, a la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmela Armesto, en la que trasladan la propuesta de implantar el certificado responsable del ciudadano para las incapacidades transitorias de tres días o menos de duración.
“Como conoce bien, la solicitud de expedición de estos certificados genera millones de consultas de carácter burocrático para los médicos de atención primaria en toda España”, refieren en la misiva los doctores Tomás Cobo, presidente del CGCOM, y Javier García Alegría, presidente de FACME, a la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmela Armesto.
Cuando hablamos de burocracia en la atención sanitaria “nos referimos al conjunto de tareas o procedimientos derivados o relacionados con la actividad asistencial que implican la generación de documentos escritos, lo que no debe entenderse necesariamente de manera negativa porque hay actividades burocráticas que se derivan de un acto asistencial y que, por tanto, son necesarias”, señalan en la carta ambos presidentes.
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Los pasados 22 y 23 de marzo se celebró en Bucarest (Rumania) una reunión de alto nivel de la OMS, en la que se aprobó la Declaración de Bucarest sobre el personal sanitario y asistencial en Europa. La Unión Europea de Médicos Generales y de Familia (UEMO) da la bienvenida y se une a esta declaración que pone de relieve la necesidad retener y atraer trabajadores sanitarios y asistenciales a las zonas rurales, remotas y desatendidas.
Esta declaración pone de manifiesto que, a pesar del número históricamente alto de trabajadores de la salud en toda la región europea de la OMS, los sistemas nacionales de salud están experimentando dificultades para hacer frente al aumento de demanda de servicios de salud. Un incremento de la demanda que se debe, fundamentalmente, al envejecimiento de la población y al aumento de pacientes con enfermedades crónicas; a lo que hay que añadir la elevada edad media de los trabajadores y a la dificultad para atraer o retener a los profesionales más jóvenes.
La Organización Mundial de la Salud hace, en esta declaración, una llamamiento especial para la retención y atracción de trabajadores sanitarios y asistenciales a las zonas rurales, remotas y desatendidas.
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Estos 3,5 millones de euros, cuyo reparto se aprobó en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, están destinados a financiar la formación de al menos 30.000 profesionales sanitarios, que habrán completado un total de 120.000 créditos de formación continuada.
Este programa está incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha supuesto, en total, desde 2021, el reparto de 10 millones de euros para este fin.
El objetivo es que al menos 90.000 profesionales sanitarios completen un total de 360.000 créditos de formación continuada, lo que equivale a un total de 3,6 millones de horas de formación en el marco de planes de educación continuada.
Las acciones formativas van desde la utilización de tecnologías sanitarias y sistemas de información, a la detección precoz del cáncer, de violencia de género o del maltrato infantil, la bioética o la atención al final de la vida, entre otros muchos aspectos.
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