La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para adelantar a marzo la entrega a los países de la UE de cuatro millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, cuya distribución estaba inicialmente prevista en una fase posterior del año, según ha anunciado la institución en un comunicado.

Bruselas ha explicado que estas dosis serán repartidas entre los Estados miembros durante las próximas dos semanas en función de su población, por lo que a España le corresponden unas 400.000 dosis sólo de este lote (aproximadamente un 10% del total).
 
No obstante, fuentes comunitarias consultadas por Europa Press precisan que no se trata de un contrato con nuevas dosis, sino que ya están recogidas en los acuerdos ya existentes que van a ser distribuidas "más rápido" de lo previsto. Es decir, forman parte de los 500 millones de unidades que ha adquirido hasta ahora el bloque (con la posibilidad de adquirir otros 100 millones más).

Ante la proximidad de la Semana Santa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) quiere hacer una llamada de advertencia a la ciudadanía y a las autoridades en relación al curso de la pandemia de Covid-19.

En ningún caso debemos pensar que la pandemia ha desaparecido o está en vías de solución cercana: la mayoría de las personas continúan siendo vulnerables frente al coronavirus y menos del 5% de la población está vacunada. La mala evolución actual de varios países europeos debería ser una seria advertencia.

Como ha quedado lamentablemente demostrado, las fiestas navideñas han causado 12.304 víctimas hasta el 13 de febrero[1]: los encuentros familiares y sociales tienen la capacidad de multiplicar los contagios y a las pocas semanas las hospitalizaciones y las muertes. Sabemos que acaba falleciendo el 1,4% de las personas infectadas[2]. Por esta razón, la Semana Santa no debe convertirse en un potenciador de la transmisión del SARS-CoV-2, ni en un multiplicador de los casos de Covid-19.

Hacemos una llamada a la responsabilidad a las autoridades para que consigan un protocolo conjunto y consensuado en todo el país, que dé confianza a los ciudadanos, tenga sentido epidemiológico y reduzca el riesgo sanitario al mínimo posible. Los desplazamientos entre comunidades asociados a las fiestas pueden ser un gran detonante de las infecciones.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas cerrar perimetralmente entre el 17 y el 21 de marzo de 2021 en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José, y desde el 26 de marzo al 9 de abril, periodo de Semana Santa.

Así se establece en el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio de Sanidad va a presentar este miércoles a las comunidades autónomas durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En el mismo, se excluye de esta limitación a Canarias y Baleares, donde la entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre.
 
Además, el departamento que dirige Carolina Darias propone limitar durante estas fechas la movilidad nocturna "como máximo" entre las 23.00 horas y las 6.00 horas, y la reuniones a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y seis en abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

El Consejo Económico y Social ha valorado como positiva la normativa acerca del test de proporcionalidad, destacando la labor de los colegios profesionales.

Tras la solicitud de emisión de dictamen por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre el Proyecto de Real Decreto acerca del test de proporcionalidad al Consejo Económico y Social (CES), este organismo ha valorado como positiva dicha normativa que vendrá a incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
 
Según el CES, este Proyecto de RD «ahonda en las características que debe reunir las evaluaciones de proporcionalidad que han de llevar a cabo los Estados miembros antes de introducir nuevas disposiciones que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio o modificar las existentes». Objetivo compartido por esta institución nacional, con el fin de evitar la fragmentación del mercado interior y «eliminar las barreras de acceso a determinadas actividades por cuenta propia o ajena, y al mismo tiempo, garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores».

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