El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, según ha informado la ministra, Carolina Darias.

El pasado 24 de junio entró en vigor en España Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, que establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable.
 
En la normativa se destacaba la necesidad de crear, antes de finales de octubre, tanto un protocolo de valoración de la discapacidad, ya aprobado en otro reciente CISNS, como el Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia.
 
Este manual, según ha explicado la ministra de Sanidad es una guía en la que se ofrece un conjunto de recomendaciones sobre los medicamentos a administrar y el manejo de los mismos que ayude al equipo asistencial a realizar esta prestación.
 
FUENTE: medicosypacientes.com

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que "sean muy cuidadosos" en la lucha contra la pandemia de COVID-19, "que no pierdan las ganancias que han logrado y que reabran muy cuidadosamente".

En particular sobre la situación en Europa, el experto del organismo sanitario internacional confía en que "no se vuelva a ver los hospitales desbordados". "Pero no es algo que podamos dar por hecho", ha puntualizado Ryan en rueda de prensa este miércoles desde la sede de la OMS, en Ginebra (Suiza).
 
Así, ha urgido a "actuar con cuidado extremo a la hora de levantar todas las restricciones, porque habrá consecuencias". "Todos los países están dando pasos para levantar las restricciones. Hay que ser cuidadosos y también estar listos para dar marcha atrás si es necesario", ha esgrimido.

Expertos de 17 organizaciones internacionales han publicado un estudio en la revista Communications Medicine del grupo de Nature en el que piden una estrategia coordinada de comunicación para incrementar la confianza en la vacunación de la COVID-19 en España que incluya a los colectivos en riesgo de exclusión. En la publicación, liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y han participado Sociedades científicas, hospitales, universidades y organizaciones dedicadas a la salud pública, la inmunología y la lucha contra la desinformación en salud.

“Las campañas de vacunación están siendo lastradas por los bulos, lo que dificulta que se pueda vacunar a la población, especialmente a colectivos más marginales, como migrantes, personas sin hogar, usuarios de drogas, algunas minorías étnicas o personas desfavorecidas, a los que no llegan las campañas de vacunación”, resume Jeffrey V. Lazarus, autor principal e investigador de ISGlobal.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2019 que las dudas sobre la vacunación son una de las diez mayores amenazas a la salud global. La desinformación es uno de los factores que más influye en la reticencia frente a las vacunas. Durante la pandemia de la covid-19 se ha creado una infodemia sin precedentes, una epidemia de bulos mezclada con información verdadera que dificulta la capacidad del público para distinguir la información fiable y basada en evidencia de la falsa.

El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), participó ayer en la jornada “La Eutanasia: un nuevo derecho, una nueva prestación sanitaria”, organizada por la Fundación Valdecilla en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la que denunció la “participación nula” que han tenido los profesionales sanitarios en la Ley de la Eutanasia. “Es una ley exprés, precipitada y excesivamente burocrática que no tiene en cuenta la práctica asistencial”, dijo.

Concretamente, el Dr. Tomás Cobo participó en la Mesa jurídico-organizativa de la Jornada, en la que insistió que “no se ha contado con los profesionales ni con la opinión de la profesión médica y enfermera en el desarrollo de la Ley de la Eutanasia” y, además, “no ha tenido en cuenta la practica asistencial desde el punto de vista jurídico, ni se ve reflejado nuestro día a día asistencial ni que cada paciente y situación es diferente”.

En cuanto a la polisemia de la palabra eutanasia afirmó que hay que tener en cuenta que este concepto “tiene líneas muy finas difíciles de encajar en torno a una serie de términos relativos al proceso al final de la vida como son la analgesia, sedación terminal, la adecuación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos o eutanasia” y que la población desconoce.

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