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Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo, y Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, comparecieron ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y afirmaron que si "no son suficientes" los 20 millones destinados para los afectados de la talidomida, se dotará de más recursos a los PGE de 2019 para cubrir a todas las víctimas
Esta partida estará incluida en las transferencias que hace el Estado a la Seguridad Social y supone un 0,1% del total, que asciende a 13.085 millones. Los 20 millones se destinarán a financiar ayudas a personas a las que se reconozca que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas. Sobre la situación de los afectados se celebrará este jueves una jornada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC).
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La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, expresó su confianza en que en que la Ley de alcohol en menores tenga gran consenso y espera que los primeros trámites de dicha normativa se superen a lo largo de este año
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, expresó su confianza de que el futuro proyecto de Ley contra el consumo de alcohol en menores tendrá un "gran consenso" entre todos los grupos parlamentarios, padres, profesionales sanitarios e industria, así como confía en que, al menos, la primera vuelta de su aprobación se realice en el año 2018, tal y como está fijado en el Plan Anual Normativo.
Montserrat, que precisó que el Gobierno aún no posee formalmente la ponencia de la Comisión Mixta Congreso Senado para el Estudio de las Drogas sobre este nuevo proyecto de ley, señaló que "a lo largo de esta semana o la que viene" se pondrán a trabajar en sus contenidos, una vez sea votada por todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión.
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Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Cefalea, hoy, 19 de abril, la Fundación del Cerebro -organización apoyada por la Sociedad Española de Neurología (SEN)- ha presentado un informe sobre la cefalea en racimos, una enfermedad que padecen más de 47.000 personas en España especialmente hombres mayores de 30 años
Este documento recoge los datos más actualizados sobre epidemiología, morbilidad, retraso en el diagnóstico, calidad de vida de los pacientes, gasto socio-sanitario y acceso a los tratamientos que se ha realizado hasta la fecha en España sobre la cefalea en racimos, el segundo tipo de cefaleas primarias más frecuentes por detrás de la migraña.
Elaborado por los Dres. Nuria González García, David García Azorín y Jesús Porta-Etessam, el informe señala que, aunque existen muy pocos estudios epidemiológicos y además estos aportan datos muy dispares, en España podría haber al menos unos 47.000 afectados por cefalea en racimos, una cifra similar a la de pacientes con esclerosis múltiple.
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Con motivo al Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que se celebra hoy 18 de abril, organizaciones europeas de ciudadanos y pacientes promueven el cumplimiento efectivo de los compromisos reflejados en la “Carta Europea de los Derechos de los Pacientes” a los distintos servicios sanitarios para asegurar una atención sanitaria universal, pública y de calidad. Asimismo, denuncian la falta de adherencia terapéutica y el impacto que ello conlleva a la salud de los pacientes y a los sistemas sanitarios
Estas organizaciones, que conforman la Red Ciudadanía Activa (Active Citizen Network) promotora de la celebración del Día Europeo y de la Carta Europea, defienden la participación activa de los pacientes en el proceso de curación y atención para mejorar el cumplimiento de los tratamientos y asumir compromisos para aumentar el respeto de los derechos de los pacientes reconocidos por la Carta Europea de los Derechos del Paciente.
Esta Carta Europea recoge un conjunto de derechos que en su mayor parte se han ido incorporando con posterioridad en la legislación y normativa específica de los países miembros que pretender reforzar el grado de protección de los derechos de los pacientes y ciudadanos en los diferentes contextos nacionales y constituir una herramienta para la armonización de los Sistemas Sanitarios europeos que favorezca los derechos de los pacientes y los ciudadanos.
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