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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recordado que a través de "intervenciones oportunas" y de bajo coste se pueden reducir las tasas de suicidio en el mundo, que ascienden ya uno cada 40 segundos, lo que supone que 800.000 personas se suiciden. Una medida de prevención es capacitar a los trabajadores de salud no especializados en la evaluación y el manejo del comportamiento suicida
En marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio, que se celebró este lunes, la OMS ha explicado que cada suicidio es una "tragedia que afecta a familias, comunidades y países enteros y tiene efectos duraderos" entre los afectados. Pero, el suicidio no solo ocurre en países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global en todas las regiones del mundo. De hecho, más del 79 por ciento de los suicidios globales ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos en 2016.
Asimismo, el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales -en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol- está muy establecido en los países de altos ingresos, muchos suicidios suceden de forma impulsiva en momentos de crisis con una interrupción en la capacidad de lidiar con estreses de la vida, como problemas, ruptura de relaciones o dolor y enfermedad crónica, han asegurado desde la OMS.
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La Fiscalía General del Estado informa de que se han iniciado relaciones con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) con miras a la confección de un Protocolo de actuación dirigido a los facultativos en relación a posibles denuncias relacionadas con el tráfico ilícito de órganos
Según indica el Ministerio Fiscal en su Memoria 2017 el objetivo es "la canalización de las denuncias ante presuntas violaciones de la legislación española en materia de trasplantes de órganos que pudieran constituir indicadores de trata de personas o de tráfico ilícito de órganos".
En el documento, además se incluyen la primera condena por tráfico ilegal de órganos, el pasado mes octubre, y que hace referencia al intercambio de un riñón a enfermo renal a cambio de 6.000 euros aprovechando la situación de precariedad y necesidad del donante, que finalmente desistió. Se recuerda que el delito es de mera actividad, no caben formas imperfectas y se trata de un bien jurídico protegido.
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Para la próxima década se habrá jubilado más del 40 por ciento de los profesores permanentes de las Facultades de Medicina españolas, según un análisis elaborado por los decanos y publicado en el último número de la Revista Clínica Española (RCE), de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
El artículo, que lleva por título "Evolución previsible en el número de profesores permanentes de Medicina de 2017 a 2026: La formación de los futuros médicos en situación crítica", estima que en los próximos ocho años se jubilará el 43% del profesorado permanente. Dentro de esta categoría, la cifra más elevada de jubilaciones se producirá entre el profesorado vinculado de áreas clínicas (55%). Además, se calcula que se jubilará un tercio del profesorado no vinculado de áreas clínicas (34%) y una porción semejante del profesorado de áreas básicas (32%).
Los autores, entre los que se encuentran, el Dr. José Pablo Lara, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y actual presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina (CNDFM), el presidente saliente de la CNDFM, José Luis Álvarez-Sala, en representación de este órgano, y por los decanos de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Navarra, la Universidad de Oviedo y la Universidad Miguel Hernández de Elche, señalan que estos datos no hacen sino intensificar una tendencia que se viene produciendo a lo largo de los últimos años. “Ya se ha producido una disminución muy importante en el número de profesores permanentes, en especial en las áreas de conocimiento clínicas”, explican, por lo que consideran urgente que se establezcan medidas ante la “inevitable” necesidad de un fuerte relevo generacional entre los docentes.
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El Gobierno de España ha encargado un informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia, una legislación que, según las previsiones de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, llegará al Congreso de los Diputados para su trámite en el primer trimestre de 2019. El texto legislativo contemplará medidas específicas de protección para los menores más vulnerables y acabar con esta lacra
“Comenzamos un amplio debate y un proceso de participación para elaborar el anteproyecto de ley”, anunció Montón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el viernes. Esta ley era una de las principales reivindicaciones de las ONG como Save the Children o la Plataforma de Infancia, que demandan cuantificar esta lacra.
En este sentido, la ministra anunció que el texto legislativo incorporará la creación de un “registro unificado de menores víctimas”, ya que “debemos cuantificar para que la sociedad tome conciencia de la situación” y conocer “quiénes son los que ejercen esa violencia” contra los niños y niñas.
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