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El número de muertes por hepatitis víricas ha caído en España más de un 30% en tres años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), manejados por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) que, no obstante, ha solicitado un esfuerzo, sobre todo en materia de cribado y prevención, para llegar al objetivo de la eliminación de la hepatitis C en nuestro país en 2021
Concretamente, según los datos manejados por AEHVE, de las 906 muertes que se produjeron en 2015 se ha pasado a 776 en 2016 y 629 en 2017. La evolución en estas fechas es muy reveladora, pues 2015 fue el año en el que se aprobó el PEAHC (Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C) y empezaron a utilizarse los antivirales de acción directa (AADs) frente a esta enfermedad, inicialmente solo en los casos más graves (estadios III y IV). Un año después, a finales de 2016, ya con el PEAHC en marcha, el número de muertes descendió en 130. Pero a final de 2017 la caída fue aún mayor (147 defunciones menos): ese año, Gobierno y Comunidades Autónomas habían decidido la extensión del tratamiento a todos los pacientes, con independencia de la gravedad de su enfermedad.
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Con el objetivo de conocer la situación actual de los cerca de 15.000 médicos que ejercen en Castilla y León, el Consejo de Colegios de Médicos de esta Comunidad Autónoma presentó ayer, en Valladolid, un estudio de demografía médica de la región. Los médicos castellanoyleoneses, a través de su presidente, el Dr. José Luis Díaz Villarig, aprovecharon la ocasión para demandar un gran pacto por la Sanidad al tiempo que, en base a los resultados de dicho estudio, pusieron en cuestión la viabilidad a corto plazo del Sistema Sanitario de Castilla León
El Dr. Díaz Villarig fue el encargado de presentar el trabajo, en un acto que tuvo lugar en las Cortes Regionales de esta comunidad y que contó con la presencia de su presidenta, Silvia Clemente y al que también acudió el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, junto al director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Rafael López Iglesias.
Asistieron, además, miembros de la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial (OMC), encabezada por su presidente, Dr. Serafin Romero, acompañado por los Dres. Tomás Cobo, vicepresidente primero, y José María Rodriguez Vicente, secretario general de la corporación médica.
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La Organización Médica Colegial (OMC) ha dejado claro que unas Urgencias infradotadas, unidas a la falta de la especialidad académica para estos servicios, aumentan tanto la Medicina Defensiva como la iatrogenia, o daño al realizar intervenciones perjudiciales, aseveración que se produjo durante la presentación del estudio de la práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios, gracias a la colaboración de esta corporación y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Prevenir el riesgo
El presidente de la OMC, el doctor Serafín Romero, situó el documento presentado dentro del trabajo que realiza la institución en materia de práctica clínica e iatrogenia, con vocación de liderar las políticas de seguridad de los pacientes en aquellas situaciones de contacto más próximo con ellos y caracterizadas por su mayor riesgo potencial, mediante la definición de escenarios compartidos con SESPAS, según explicó.
También expresó Serafín Romero su preocupación por la Medicina Defensiva, que repercute en un exceso de indicaciones diagnósticas e intervenciones clínicas. De ahí la necesidad, postuló, de tener el baremo de daños sanitarios que no impulsaron ni Dolors Montserrat ni Carmen Montón como antecesoras en el cargo de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Este Baremo sería, según su criterio, un recurso muy útil para asumir los problemas o errores que genera la práctica médica, como se recogió en la edición del Código Deontológico de 2011.
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Reconocen prácticas indeseables de Medicina defensiva
La mayoría de los médicos consideran que en los últimos años la presión en relación con las posibles denuncias o demandas judiciales ha condicionado su práctica profesional, incluso en aspectos concretos como la realización de muchas más pruebas diagnósticas de las necesarias o al alargar innecesariamente los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados. Para un gran porcentaje de los profesionales, la presión judicial motivada por las demandas de los pacientes ha experimentado un gran incremento en los últimos años, y el apoyo institucional es escaso.
Son datos obtenidos en una encuesta realizada en 2017 a nivel nacional entre médicos de Urgencias, cuyos resultados han sido recogidos en el Estudio “La práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios” y analizados este martes en Madrid. En él se abordan las consecuencias de la Medicina defensiva e iatrogenia en los pacientes desde el punto de vista de los profesionales. El objetivo era conocer la percepción de los facultativos sobre la situación de los Servicios en relación con la presión judicial y su condicionamiento en la práctica médica, el apoyo institucional y médico tras las denuncias, y la formación y conocimientos médicos-legales. El Estudio ha sido elaborado conjuntamente por la Organización Médica Colegial (OMC) y las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
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