El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. También ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos de tabaco.

Ambos textos se aprueban para culminar la trasposición de la normativa europea de tabaco, la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, y tienen el principal objetivo de avanzar en la protección de la salud de los fumadores de tabaco y productos relacionados e, indirectamente, de los fumadores pasivos.

Composición, etiquetado y requisitos de seguridad

En lo relativo al Real Decreto, que entrará en vigor una vez sea publicado en el BOE en los próximos días, regula, por primera vez, los productos relacionados con el tabaco, como son los cigarrillos electrónicos y las hierbas para fumar. La nueva normativa los equipara a los productos del tabaco en cuanto que regula su composición, etiquetado y requisitos de seguridad, priorizando la protección a los menores. En cuanto al cigarrillo electrónico, el objetivo de regular este tipo de productos, es proteger la salud de los ciudadanos y evitar posibles efectos perjudiciales, habida cuenta de que, en la actualidad, y según ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, no se pueden excluir los riesgos para la salud de la exposición al vapor de estos productos. Según la nueva normativa los cigarrillos electrónicos y los envases de recarga tendrán que llevar advertencias sanitarias, que tendrán que ocupar un 30% de la cara exterior del envasado, y seguridad a prueba de niños, se permitirá que los líquidos contengan como máximo 20 mg/ml de nicotina, los cartuchos desechables o los depósitos recargables podrán ser como máximo de 2 ml, y los envases de líquido para la  recarga, no podrán contener un volumen superior a 10 ml, y se establece un sistema de notificación de efectos adversos. En caso de notificación de riesgo para la salud justificada en al menos tres Estados miembros, la Comisión Europea podría prohibir el producto en el resto, además la Comisión tendrá que informar de su riesgo potencial para la salud en los dos años sucesivos a la entrada en vigor de la Directiva. 

La Fundación para la Protección Social de la OMC, en su interés por estimular la creación literaria convoca, junto a la editorial Almuzara, la tercera edición del Premio de Novela Albert Jovell, un galardón en el que podrán participar todos los aficionados a la literatura, independientemente de su condición de médico

Esta disciplina está dotada con un primer premio de 7.000 euros e incluye la publicación de la obra ganadora por parte de la Editorial Almuzara. El plazo de presentación de la documentación y de alojamiento de los textos se inició, este sábado, 10 de junio, y se prolongará hasta el 20 de julio de 2017. 

Se pueden consultar las bases del Certamen y descargar las fichas de inscripción en la web de la Fundación www.fphomc.es

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha tenido como resultado la propuesta por parte de la corporación de elaborar un documento con el fin de definir un marco adecuado para la formación médica, con el objetivo final de que la formación médica quede totalmente desligada de conflictos de interés.

La meta que se persigue con dicho informe es que se clarifique lo que es y lo que no es formación médica, que se identifique a los agentes que deben impartir esta formación y la responsabilidad de los mismos en facilitarla, y que se definan los diferentes mecanismos para acceder a ella, así como los criterios de calidad y acreditación.

“La situación generada se convierte en una oportunidad única para normalizar la situación y desde la OMC nos hemos comprometido, desde la independencia y el deber del cumplimiento de nuestras normas deontológicas a asumir la encomienda de definir el marco por el que se debería regular la formación médica en España, y especialmente para garantizar la transparencia y así evitar los conflictos de interés”, declaró el presidente de la organización, el doctor Serafín Romero.

En este sentido, se informó en la Asamblea de la reunión mantenida el pasado 29 de mayo con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, quien expresó a Serafín Romero el compromiso de modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras la decisión de Farmaindustria de hacer “transparente” las transferencias de valor a los médicos para su asistencia a actividades formativas, a partir del 1 de enero de 2018, con el objeto de que las mismas no tributen.

La maternidad subrogada es un acto mediatizado por la prestación económica y no es completamente libre, debido a que condiciona la decisión y su consentimiento, lo que resulta inadmisible desde un punto de vista ético y deontológico, según se expuso en el XXVI Congreso Derecho y Salud, que se celebra en Palma

En la mesa, que estuvo moderada por Mª Nélida Tur Faúndez, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, participaron el Dr. Juan Antonio Pérez Artigues, presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Baleares y vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC ); Federico de Montalvo Jääskelainen, vicepresidente del Comité de Bioética de España;  y María del Carmen González Carrasco, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La maternidad subrogada es una práctica utilizada cada vez con mayor frecuencia, si bien presenta delicados matices desde el punto de vista ético, jurídico, social, económico, científico o religioso. Dado que la normativa legal penal vigente en España prohíbe y sanciona de modo expreso este tipo de práctica algunos ciudadanos optan por llevarla a cabo en otros países para satisfacer el deseo de tener hijos. Cada año, alrededor de entre 500 y 1.500 parejas españolas suscriben contratos de subrogación de útero en algunos países extranjeros, donde está regulado o permitido.

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