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Con motivo del 20º aniversario de la incorporación de los medicamentos genéricos a la Sanidad española, se celebró ayer jueves un acto institucional en la sede del Senado con la participación de los máximos representantes del sector sanitario. Todos los intervinientes coincidieron en destacar el papel de estos fármacos como “aliados en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”
Bajo el título “20 años de genéricos en España”, y con la presencia de gestores, senadores, diputados, miembros de grupos políticos, médicos, farmacéuticos, sociedades científicas, representantes de la industria farmacéutica, organizaciones empresariales, consumidores y pacientes, se celebró el evento en la Cámara Alta inaugurado por su presidente, Pío García-Escudero, acompañado de la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Encarnación Cruz Martos; y del presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Raúl Díaz-Varela.
Pío García-Escudero destacó como hito importante la incorporación de estos fármacos, a finales de la década de los 90 (1997), y la evolución que han experimentado dentro de la Sanidad española a lo largo de estas dos décadas. “La producción de genéricos ha servido como palanca de impulso a la industria farmacéutica”, señaló.
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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha puesto en marcha una campaña nacional de recogida de firmas para exigir que las administraciones que garanticen el derecho de todos los niños y adolescentes a tener un médico especialista en pediatría en los centros de salud. Así lo pusieron de manifiesto ayer durante la rueda de prensa de inauguración de su 15º Curso de Actualización, que se celebra en Madrid del 1 al 3 de febrero
“Dado que los pediatras llevamos más de 15 años denunciando la situación de la Pediatría en España, sin ver soluciones eficaces, hoy iniciamos la campaña “Confianza”, una campaña nacional de recogida de firmas junto con la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)”, afirmó la Dra. Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
El curso cuenta con talleres y seminarios para grupos pequeños de profesionales, que son el principal distintivo del curso y que hacen que tenga una gran aceptación; “se trata de 56 actividades opcionales diferentes, repartidas en cuatro tramos horarios, con importantes ponentes de todo el territorio nacional”, señaló la Dra. María Jesús Esparza, coordinadora del curso.
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El ictus es la segunda causa de muerte en España (la primera en mujeres), la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año 110.000-120.000 personas sufren un ictus en nuestro país, de los cuales un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen
Actualmente más de 330.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un ictus. No obstante, la atención neurológica urgente y el tratamiento adecuado en Unidades de Ictus pueden reducir las consecuencias devastadoras de esta enfermedad, principalmente gracias a que en los últimos años el tratamiento del ictus en su fase aguda ha incorporado nuevos avancesUno de estos principales avances, es la trombectomía mécanica, un procedimiento para el tratamiento del ictus isquémico que puede aumentar más del 60% la probabilidad de recuperación neurológica. El ictus isquémico es el tipo de ictus más frecuente, puesto que supone el 80% de los casos, y se produce como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo en una arteria cerebral debido a la oclusión por un coágulo (trombo).
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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que "ya se ha iniciado el proceso de estudio y ejecución de en torno a la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", que tienen como "punto de partida" la reforma de la ley integral de 2004
La ministra compareció en la Comisión de igualdad del Congreso para informar sobre la implementación del acuerdo del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el pasado 27 de diciembre, y que concede seis meses al Gobierno para impulsar las reformas contempladas y tres meses para liberar los primeros 200 millones de euros de los 1.000 que contempla ejecutar al cabo de cinco años.
Tras manifestar que se han priorizado las medidas de reforma legislativa, explicó que de las medidas aprobadas en el Congreso 122 corresponden exclusivamente al Estado, 10 medidas a las Comunidades Autónomas, y las 82 restantes son de competencias compartidas entre el Estado, las CCAA y los Entes Locales por lo que “la implantación de estas medidas exige un esfuerzo colectivo de todas las Administraciones y corresponde a cada Administración ejecutar las medidas en el ámbito propio de sus competencias”. Señaló que "el ritmo es positivo" y que se irán remitiendo los proyectos a las Cortes a medida que vayan estando listos, de una forma "organizada y sistemática".
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