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El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves nuevas medidas para atajar la contaminación farmacéutica, ya que causa daño a largo plazo a los ecosistemas, y el consumo excesivo de medicamentos puesto que reduce su eficacia y aumenta este problema ambiental.
En una resolución aprobada este jueves, la Eurocámara insta a la UE a tomar medidas para un mejor uso de los medicamentos, de tal forma que se evite el riesgo medioambiental y para la salud pública.
Los eurodiputados han recalcado que el consumo de medicamentos per cápita va en aumento en la Unión por lo que ha pedido a los estados miembros que compartan códigos de buenas prácticas para limitar el uso preventivo de antibióticos, la automedicación y el correcto reciclaje. Para ello sugiere que los doctores y veterinarios ofrezcan información a los pacientes para evitar la contaminación.
Igualmente reclaman un desarrollo 'verde' de la industria farmacéutica y una mejor gestión de los residuos de medicamentos en el continente. Defienden que los medicamentos sean efectivos pero menos dañinos para el medio ambiente, recomendando que se estudien fórmulas para hacer este tipo de productos más biodegradables.
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reitera la necesidad de declarar a la profesión médica como profesión de riesgo con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra hoy bajo el lema “Personal sanitario seguro, pacientes seguros”.
De manera especial este año la corporación se suma a esta efeméride, convocada por la Organización Mundial de la Salud, que en 2020 ha seleccionado la “Seguridad del personal sanitario: Una prioridad para la seguridad de los pacientes” como tema central.
Para el CGCOM, una de las prioridades desde el mes de marzo ha sido el reconocimiento como enfermedad profesional de los contagios por la Covid-19 y que la profesión médica sea considerada profesión de riesgo por el peligro evidente de exposición como demuestran el número de infectados y fallecidos.
Para ello, el CGCOM realizó las acciones oportunas con los Ministerios de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social. Fruto de esta labor se logró la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, para que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios sean considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuestos a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad.
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio con la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para conocer qué criterios está aplicando en los casos en los que los ciudadanos no hayan podido presentar en plazo sus declaraciones de impuestos por haber enfermado de Covid-19.
El organismo ha tenido conocimiento del caso de un ciudadano ingresado en el hospital hasta el 5 de julio, que habría sido sancionado por presentar fuera de plazo la declaración trimestral del IRPF.
Al parecer, el plazo para presentar dicha declaración concluyó el 20 de mayo y la declaración trimestral fue presentada el 21 de junio.
Según recuerda el Defensor en el escrito remitido a la Administración, el artículo 179 de la Ley General Tributaria establece que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en el supuesto que concurra "fuerza mayor", como pudiera ser, por ejemplo, el hecho de haber estado gravemente enfermo u hospitalizado.
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mahón ha dictado una condena contra la hija de una paciente, que agredió física y verbalmente a su médica a principios del pasado mes de marzo. La sentencia, dictada este 7 de septiembre, declara a la familiar de la paciente “como autora responsable criminalmente de un delito leve de lesiones”, por lo que la condena a la pena de 60 días de multa a razón de 4 € /día, lo que hace un total de 240 €, así como a la pena de prohibición de aproximarse a la Clínica de Mahón (donde ocurrieron los hechos) a una distancia inferior a los 100 metros durante un periodo de 6 meses, y al pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, la persona condenada deberá indemnizar a la denunciante con la suma de 100 euros por las lesiones causadas.
La sentencia recoge como hechos probados que “el pasado día 6 de marzo de 2020, sobre las 09:30 horas, la denunciada, que se encontraba en una Clínica privada de Mahón, lugar de trabajo de la denunciante, se dirigió a esta última de forma alterada y elevando la voz y le recriminó que el tratamiento que la denunciante (en su condición de doctora de la citada clínica) había prescrito a la madre de la denunciada”. Por sorpresa, “la denunciada agredió a la denunciante golpeándole en el hombro y tuvieron que ser separadas por una enfermera que se encontraba trabajando en la planta donde se produjeron los hechos”, al tiempo que la denunciada verbalizaba expresiones insultantes y amenazantes. Como consecuencia de la agresión la denunciada sufrió diversas lesiones, reflejadas en el informe médico forense.
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