Los máximos representantes de los Consejos Generales de médicos, enfermeros, farmacéuticos y odontólogos se han reunido en la sede de la Organización Médica Colegial con los interlocutores policiales sanitarios -de Policía Nacional y Guardia Civil- para poner en marcha las acciones conjuntas necesarias para frenar la lacra de las agresiones a personal sanitario

Intervinieron el Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería; Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas; Rosa López Torres, tesorera del Consejo General de Farmacia; Basilio Sánchez, interlocutor policial sanitario de la Guardia Civil; y Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario de la Policía Nacional. Participaron también el vicepresidente segundo del CGCOM, Dr. Javier Font; el secretario general del CGCOM, Dr. Juan Manuel Garrote; el vicesecretario del CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente; el tesorero del CGCOM, Dr. Jerónimo Fernández Torrente; y el coordinador del Observatorio de Agresiones, Dr. José Alberto Becerra.

El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha señalado que “con esta reunión fortalecemos una coordinación necesaria en el ámbito de las agresiones a los profesionales sanitarios”, y en este sentido, ha comentado que “tendremos varios encuentros a lo largo del año para realizar una puesta en común de la situación” y aglutinar “los esfuerzos que llevamos a cabo para que esta lacra afecte lo menos posible a la calidad asistencial y a los profesionales”.

Uno de cada cuatro profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y Emergencias ha sufrido agresiones o abusos físicos por parte de sus pacientes, según se desprende de un estudio publicado en la revista 'International Emergency Nursing'

El trabajo  revela que estos servicios hospitalarios son los que presentan una mayor tasa de agresiones, tanto físicas como verbales. "El profesional parece aceptar pasivamente la violencia y las agresiones, que a menudo se producen cuando hay estrategias preventivas y reactivas que se aplican de forma incoherente", ha reconocido Ian Smith, psicólogo clínico y uno de los autores de dicho estudio.
 
De hecho, han recopilado testimonios de profesionales que admiten que los pacientes o sus familiares pueden insultarles, escupirles o morderles sin que se registre incidencia alguna.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció en el Senado las 13 líneas de actuación que ha consensuado el Ministerio con las comunidades autónomas sobre la planificación adecuada de las necesidades de personal médico, entre las que incluye incentivar a los especialistas que trabajen en plazas de difícil cobertura o en especialidades deficitarias para estabilizar esos puestos de trabajo

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero, manifestó sobre el anuncio de la ministra que “es un tema sobre el que nuestra corporación alerta desde hace tiempo, porque hemos vuelto a la situación de 2006, cuando había lugares donde no había médicos. Ahora no es que falten profesionales, sino que hay que realizar cambios estructurales para dar respuesta a las demandas asistenciales necesarias”.  Montserrat lo expuso durante una interpelación realizada por el senador socialista José Martínez Olmos, sobre los planes del Gobierno para asegurar una planificación adecuada de las necesidades del personal médico, de enfermería y otros profesionales para cubrir la demanda del Sistema Nacional de Salud.

La ministra recordó que su departamento ya trabaja para conseguir soluciones a las necesidades en materia de recursos humanos existentes en el Sistema Nacional de Salud “desde el diálogo permanente y la generación continuada de sinergias con los profesionales sanitarios y con las comunidades autónomas”.

La lista de espera para personas dependientes es de 310.120 personas, 38.189 menos que en el año anterior, cuando había 348.309 personas esperando a ser atendidas, según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

De los grados III y II de dependencia, los más graves, son 120.378 las personas pendientes de recibir prestación a pesar de que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación. En el caso del grado I hay 189.742 personas pendientes de recibir su prestación, el 45,8% del total de beneficiarias. Estos datos son a fecha de 31 de diciembre de 2017.
 
Cataluña, Canarias, La Rioja, Andalucía y Extremadura son las comunidades que tienen el porcentaje más alto de personas pendientes de recibir prestación.
 
Además, el número de servicios y prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar es de 1.178.011, cifra que ha crecido 12,68 puntos porcentuales respecto al año 2016.