El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Serafín Romero, defiende que el registro de objeciones de conciencia contemplado en el proyecto de ley de la eutanasia debe realizarse en los colegios de médicos como organismos de representación de la profesión médico y garantes ante los ciudadanos de una asistencia profesional de calidad
Así lo expuso en un encuentro con los medios de comunicación posterior a la rueda de prensa del Foro de las Profesiones Sanitarias celebrado ayer en la sede de la corporación médica. El Dr. Serafín Romero destacó que tener un registro público de objetores, tal como está planteado, podría tener consecuencias no deseables para aquellos médicos que se acogieran a la misma, mientras que los Colegios de Médicos “no solo sirven de garantía para que nadie obligue a un profesional a ir en contra de sus principios deontológicos, sino que también velara por que estas se centren en el espíritu de la norma aseveró.
El presidente del CGCOM recordó que la profesión médica tiene unos principios deontológicos, recogidos en el Código de Deontología del CGCOM de 2011, “que marcan una posición clara en relación con este debate. Además, la organización aprobó una declaración de su Asamblea General. Ambas están en consonancia con la Declaración de la Asociación Médica Mundial”– añadió.
En su opinión, ante la probabilidad de que se apruebe dicha norma, defendió la Objeción de Conciencia, “porque no todos los médicos pueden ser obligados a hacer un acto que va en contra de los principios deontológicos” y puntualizó que “dentro de la objeción de conciencia tendremos que matizar, analizar y valorar que significa ese registro de objetores por las connotaciones que pudieran derivarse en caso de una utilización no adecuada de la misma”.
A este respecto insistió en que hay que seguir confiando en los Colegios de Médicos por su función de garante para los ciudadanos.
Respecto a la postura del CGCOM ante el último borrador de este proyecto de ley “la misión que tendría encomendada el CGCOM es lograr que al final se preserven todas las garantías, tanto para el ciudadano como para él médico. Especialmente para aquellas personas que en un momento determinado de su evolución vital deciden que no les merece la pena seguir viviendo, en estos supuestos se debe proceder con toda la profesionalidad del mundo mediante un análisis de esa demanda que tiene muchas aristas y que tiene que ver con aspectos tan relevantes como la situación económica, el apoyo social y/o familiar, e inclusive con lo personal” - explicó.
“Consideramos que en todo lo que vaya a afectar a la persona que va a indicar o va a iniciar el trámite para la eutanasia se debe delimitar bien quien lo tiene que hacer, qué médico lo tiene que iniciar, si va a ser su médico de Familia, un oncólogo, internista, neurólogo o un endocrino. Esto es esencial dejarlo delimitado porque es muy importante que el médico que inicie el trámite sea alguien que conozca en toda su integridad el sentir del paciente, tiene que ser un médico cercano, que haya explorado de forma integral esa situación” - subrayó.
Resaltó que la corporación siempre ha defendido que “no se puede dar la imagen de que la eutanasia es la única solución que le queda a una persona en una situación tan complicada como puede ser el final de la vida, tampoco en aquellas situaciones en las que a causa de un proceso degenerativo o un accidente, la situación derivada le produzca un sufrimiento físico y/o psíquico que le aboque a decidir que no merece la pena seguir viviendo. Defender la vida y la dignidad de la persona forma parte esencial del ser médico, por eso desde nuestra perspectiva de profesión entendemos que ante una demanda de “no querer seguir viviendo” nuestro deber es analizar la misma y descartar que esta no se produce por un motivo relacionado con considerarse un estorbo o no tener el apoyo necesario, por eso nosotros hablábamos de una Ley Integral de Atención Al Final de la Vida, una normativa completa.
"El médico que ponga en marcha este proceso debe conocer íntegramente al paciente, no solo a través de un diagnóstico clínico, sino en lo más profundo de una decisión de tanto calado vital y existencial” – explicó.
Desde la profesión médica vamos a seguir poniendo estos principios por encima del actual debate. Tenemos la obligación de garantizar una atención integral y de calidad. Nuestro Código de Deontología ya recoge que la obstinación terapéutica es mala praxis, que la autonomía del paciente es la que debe prevalecer y que la sedación terminal es buena praxis, pero también subraya que el médico no procurará la muerte del paciente, aunque éste lo pida. A esta realidad y a este debate se enfrenta la profesión médica hoy” – concluyó.
FUENTE: medicosypacientes.com
