El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio de Sanidad una mayor coordinación con los gobiernos autonómicos para subsanar las deficiencias que, en su informe de fiscalización, ha detectado en cuanto a información sobre controles sanitarios del agua, tanto para consumo como para baño

El órgano fiscalizador realiza esta propuesta en el informe que el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado y que tiene como objetivo analizar los sistemas y procedimientos aplicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, Consumo y Bienestar Social, para el control sanitario de la calidad del agua y que corresponde al Ejercicio de 2017.

Según relata, para este trabajo han revisado, entre otros extremos, la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas de información empleados por el Ministerio para controlar los riesgos potenciales que pueden afectar a la calidad sanitaria del agua (concretamente, el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, SINAC, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, Náyade, y el Sistema de Información de Piscinas, Siloé).

Tal y como señala el informe, el marco regulador de esta materia establece un sistema de gestión y control de la calidad sanitaria del agua basado en la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la administración local.

Carencias sobre el agua de consumo y de baño

Sin embargo, esta coordinación no se refleja en el estudio del organismo. El Tribunal de Cuentas señala que el Ministerio no ha acreditado la realización de actuaciones de coordinación con los ejecutivos autonómicos, bien directamente o bien en el marco de la Ponencia de Sanidad Ambiental del Consejo Interterritorial del SNS, a fin de promover el cumplimiento, en plazo y contenido, de las notificaciones de las autoridades sanitarias territoriales sobre datos de control y medidas preventivas.

Esta situación también se refleja en sus relaciones para el control de agua de consumo humano y en la de baño. En el primer caso, la fiscalización denuncia la ausencia de la preceptiva comunicación al Ministerio, por parte de las CCAA, de sus respectivos Programas Autonómicos de Vigilancia Sanitaria (PAVS), así como la existencia de una serie de incidencias que se mantienen abiertas desde 2017 por superación de algún valor paramétrico, sin que Sanidad tenga constancia de las medidas correctoras que debieron ser adoptadas por los gestores de los abastecimientos.

En referencia a la segunda cuestión, el órgano que preside María José de la Fuente observa que la comunicación entre Sanidad y autonomías relativa al control de este agua superó el plazo establecido en la normativa reguladora y que el número de piscinas públicas comunicadas al Ministerio a cierre del ejercicio 2017 representaba menos de la cuarta parte de la cifra en la que se estima el parque de piscinas de uso público porque las comunidades no han efectuado comunicación al respecto.

Por todo ello, el Tribunal señala la necesidad de que Sanidad promueva una mayor coordinación con los ejecutivos autonómicos y que estos revisen sus procedimientos para garantizar que las deficiencias de información observadas en la fiscalización no persistan, así como para impulsar la necesaria armonización legislativa en esta materia de control.

FUENTE: medicosypacientes.com