En el Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó ayer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz se refleja la necesidad de que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal sanitario

El Defensor del Pueblo considera que las quejas que plantean los ciudadanos a esta institución en materia de sanidad muestran "importantes carencias" en el nivel de Atención Primaria del sistema público de salud, "en forma de precarización y falta de medios", lo que "exige una reacción efectiva" de todos los poderes públicos, que pudiera concretarse en un acuerdo estatal que garantice la suficiencia del sistema, adaptado a las diferencias territoriales y necesidades en cada CCAA.
 
La merma en la calidad de la atención sanitaria debido a algunas carencias, humanas y materiales, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y a dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente, también fueron motivo de queja por parte de los ciudadanos.

Además, se recibieron quejas por el copago farmacéutico, sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.
 
Hay que señalar la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90%, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40% de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. La Institución realizó en 2018 un seguimiento de las recomendaciones realizadas sobre este asunto.
 
Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la Atención Primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.
 
Las quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos insuficiente y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo. Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención sanitaria pública.
 
En opinión de la Institución es imprescindible que todas las administraciones implicadas propongan de manera coordinada unas condiciones aceptables de trabajo para todo el personal que atiende en los centros de salud, consultorios o servicios de urgencias no hospitalarios, y promuevan, desde el ámbito formativo y de desarrollo profesional, mejores condiciones de incentivo y de atracción para los distintos colectivos de profesionales.
 
Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.
 
Aumentan un 53% las quejas
 
En cuanto al número de quejas, la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 849, un 53,25 por ciento más que el pasado año (554); de ellas, 629 fueron individuales y 195 agrupadas, y en 25 se actuó de oficio. Las quejas más frecuentes estaban relacionadas con la merma de la calidad de la atención, debido a "carencias humanas y materiales"; la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos frente al copago farmacéutico, y la falta de facultativos, sobre todo en Pediatría y Atención Primaria.
 
Respecto al copago farmacéutico, las quejas se dieron sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo.
 
El informe recuerda que la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90 por ciento, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40 por ciento de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. La Institución realizó en 2018 un seguimiento de las recomendaciones realizadas sobre este asunto.
 
Por otro lado, Fernández Marugán llama la atención sobre el descenso de la fecundidad en España y alerta de que si bien se ha avanzado en medidas que permitan conciliar la vida laboral y la familiar todavía hoy son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las labores del hogar.

También valora positivamente que la mortalidad infantil esté en niveles muy bajos y que la esperanza de vida de nuestra sociedad sea una de las más altas del mundo. "Por estos factores positivos, hoy España cuenta con una población envejecida" y, por ello, el Defensor reclama a las administraciones que "adopten políticas públicas para adaptarse a esta nueva realidad".
 
Sanidad penitenciaria
 
Un año más se recuerda que está pendiente la transferencia de la Sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios autonómicos. Además, durante 2018 la atención sanitaria a las personas privadas de libertad se ha producido en un contexto de creciente falta de personal sanitario propio y de falta de convenios con los servicios sanitarios autonómicos.
 
El Defensor considera que "mientras no se culmine el proceso de transferencia, se ha de proceder a la renovación de los convenios con las comunidades para una mayor seguridad jurídica y garantía de asistencia".
 
Atención socio-sanitaria
 
La investigación abierta con todas las Comunidades Autónomas sobre la atención que se presta en los centros residenciales para personas mayores muestra una insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial, por lo que, en opinión de la Institución, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario.
 
Para mejorar la calidad asistencial, han de revisarse las ratios de personal de atención directa. El Consejo Territorial ha de profundizar en las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III y estudiar la posibilidad de revisar al alza las ratios mínimas acordadas.
 
También es preciso, a juicio del Defensor, establecer ratios por categorías profesionales, distinguiendo entre auxiliares de geriatría y otras categorías y garantizar que el personal tiene la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
 
Asimismo, la Institución cree que hay que actualizar y armonizar la normativa sobre centros residenciales y mejorar los mecanismos de recopilación de datos para poder tener estadísticas fiables sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como estatal.
 
El Defensor del Pueblo considera además necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.
 
Así, la regulación legal debería aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental, con la debida agilidad en la aplicación de los mecanismos de protección que necesita, los cuales tampoco deberían verse bloqueados por la tardanza de los tiempos procesales y judiciales.
 
Esa ley estatal ha de recoger también el objetivo de la minimización de las sujeciones y ofrecer certidumbre para los casos excepcionales y puntuales en que resulten imprescindibles cuando no existan o se hayan agotado las medidas alternativas. Su uso debe de hacerse siempre por prescripción facultativa, debe contar con consentimiento informado y resultar imprescindible para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros.
 
Otras actuaciones de la Institución relacionadas con el bienestar de las personas mayores tienen que ver con el transporte y las comunicaciones. Preocupa a la institución el colectivo de personas receptoras de teleasistencia domiciliaria, en su mayoría de edad avanzada, que necesitan que el servicio de telefonía se les preste de manera correcta y sin incidencias. Las quejas recibidas inciden tanto en la falta de teleasistencia como en la necesidad de resolver las incidencias de manera urgente. En estos casos, el Defensor del Pueblo pone los hechos en conocimiento del operador y de la Administración, que suelen dar solución al problema planteado y proceden al abono correspondiente derivado de la interrupción del servicio.
 
Por otra parte, muchas personas mayores que no están en condiciones psicofísicas de conducir dependen del transporte público para realizar sus actividades cotidianas. En este contexto se enmarca, por ejemplo, una sugerencia cursada a un Ayuntamiento para que restablezca el servicio de autobús a una residencia de mayores. Para el Defensor del Pueblo, las razones presupuestarias pueden ser un obstáculo pero no un impedimento, pues siempre cabe la posibilidad de que el ayuntamiento recabe el apoyo de otras administraciones a través de los instrumentos de cooperación previstos por la ley.
 
Se puede acceder al informe del Defensor del Pueblo 2018 a través de este enlace: https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2018/

FUENTE: medicosypacientes.com