La Plataforma de Sanidad Penitenciaria ha alertado de la escasez actual de médicos en las prisiones españolas, problemática que, como advierten, va en aumento debido a “la salida masiva de estos profesionales bien por jubilación o bien por las condiciones laborales a las que se ven expuestos”
Esta organización, cuyo objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores sanitarios ante la Administración Penitenciaria, ha elaborado un amplio documento donde expone detalladamente la situación de lo que consideran “un desmantelamiento silencioso de la Sanidad Penitenciaria”.
Según datos de esta organización en la actualidad trabajan 296 médicos en las cárceles, de los cuales 97 son de más de 60 años, 165 están entre 50 y 60 años, 24, entre 40 y 50 años y solo 10 tienen menos de 40 años, que tienen que asistir a un número aproximado de 50.000 personas internadas en los centros penitenciarios del país.
En los próximos dos años, según estima esta Plataforma, se producirá una salida masiva de médicos que trabajan en centros penitenciarios “por su jubilación anticipada y por la insoportable sobrecarga que ya soportan los que siguen trabajando en este ámbito y que va en contra de los principios más básicos de la salud laboral”.
A estos datos, dicha organización añade, que desde el 2008 hasta 2017 dejaron de trabajar en Instituciones Penitenciarias 125 médicos. Además, en 2018 se convocaron 15 plazas de interinos y se presentaron 2 médicos. En 2017 hubo una convocatoria para cubrir plazas de interinos. De las 72 plazas convocadas solo se pudieron cubrir 24. A ello se añade que, en la última convocatoria, que está en curso, de acceso al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria se han ofertado 35 plazas y solo aparecen en la lista de admitidos 7 médicos.
A dichas dificultades que existen para que estos perfiles profesionales opten por ejercer en este ámbito hay que añadir las desfavorables condiciones económicas. Según datos facilitados por un estudio detallado del Grupo de Trabajo en Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria GRELASESP, el sueldo de un médico de instituciones penitenciarias es de 1.151,17 €, con un complemento de destino/nivel de 567,17 €; más un complemento específico de 1.077,28 €; más productividad mejora del servicio, 110,00 €, rondando el total mensual en 2.905,62 € brutos, más guardias: 15,99 €/h en presencia física y 7,27 €/h localizada.
Los profesionales sanitarios son conscientes de las dificultades y de la complejidad de trabajar en este medio por el perfil pluripatológico de los pacientes, del que cabe destacar que un 40% de estos sufren enfermedades mentales a lo que se añade la propia dificultad de un medio cerrado y sujeto a estrictas medidas de seguridad que provoca rechazo a priori para cualquier profesional.
Así, una de las principales consecuencia de esta situación es que en muchos centros no se hace más allá de una atención de urgencia a los reclusos, sin poder establecer consultas programadas para tratar las patologías de alta prevalencia que presentan como VIH o hepatitis C, entre otras. Además, según la Plataforma, "el no poder suministrarse medicación TDO (tratamiento directamente observado) en muchos centros penitenciarios al no existir profesionales suficientes, conlleva a que esa misma medicación acumulada, por ejemplo para el fin de semana, se acaba convirtiendo en origen de intoxicaciones, tráfico entre internos y uso para el cual no fue prescrito".
Incluso, hay casos como el registrado en la provincia de Castellón donde, según dicha Plataforma, "se ha producido una negativa por parte de la Gerencia sanitaria pública a dar cobertura asistencial especializada a los enfermos mentales de las prisiones castellonenses en el seguimiento de sus patologías, ya sea a través de telemedicina o en consultas externas del Servicio de Salud Mental de esa Consejería de Salud, amén de suspender la asistencia de un psiquiatra que acuda a ambas prisiones como antes ocurría". Argumentan, al respecto, "que no disponen de personal suficiente y que sólo ofrecen asistencia de urgencia".
Dieciseis años de incumplimiento
Esta organización incide en que la Sanidad Penitenciaria debería estar integrada en el Sistema Nacional de Salud desde los 18 meses de la publicación de la Ley General de Sanidad de 1986 y transferida a los sistemas públicos de salud de las Comunidades Autónomas 18 meses después de la publicación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. "Llevamos 16 años de incumplimiento", denuncian.
La urgencia de esa transferencia, según la Plataforma, es una prioridad manifestada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso, Senado y en todos los Parlamentos Autonómicos y que proporcionaría una atención sanitaria en igualdad de condiciones para la población reclusa, suponiendo una mejoría inmediata en todos los aspectos de la atención primaria, especializada, farmacéutica, vigilancia epidemiológica y formación de los profesionales así como homologar las condiciones laborales con los sistemas de salud que actualmente impiden una cobertura adecuada de las relaciones de puestos de trabajo”.
La Plataforma de Sanidad Penintenciaria invita de paso a la sociedad española a valorar "si las condiciones con las que cuenta este servicio sanitario, como otros muchos en el Estado, son las que merecen la población privada de libertad allí recluida, los profesionales sanitarios responsables de su salud, el funcionariado de vigilancia que puede sufrir también la posibilidad de descompensación de patologías mentales e infectocontagiosas por falta de seguimiento y control". "Está claro -prosigue- que, a día de hoy, todos los signos políticos con responsabilidad ejecutiva de gobierno no lo han hecho y han permitido que esta atención sanitaria se mantenga “guetada” y marginada como la mayoría de la población que ingresa en las prisiones de diversa procedencia".
FUENTE: medicosypacientes.com
