El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, registró ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre la reforma del Código Penal para que los métodos terapéuticos no evaluados sean considerados delito contra la salud pública. Igea aprovechó para agradecer a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) su lucha contra las pseudoterapias

El portavoz del GPCs en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, señaló que, si la iniciativa sale adelante, “aquellos que difundan, practiquen o promuevan terapias alternativas no validadas por la ciencia, especialmente en enfermos graves, se enfrentarán a una pena de entre 6 meses y 4 años de cárcel”, al tiempo que aprovechó la ocasión para agradecer a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) "por denunciar estos casos y su lucha contra las pseudoterapias".
 
Se ha considerado que la mejor ubicación del nuevo tipo penal que esta regulación pretende introducir sería la adición de un nuevo apartado tercero en el artículo 362 del código Penal, por tratarse del artículo que recoge los delitos relativos al despacho o expedición de medicamentos.

Tal como se expone en la Proposición de Ley de C's en el grupo de los delitos relacionados con el comercio, tipificados en los artículos 359 a 367 del Código Penal, no existe reproche o sanción penal alguna a la difusión pública de información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados ni avalados por la lex artis, siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta.
 
El nuevo tipo penal que se establecería en la futura Ley viene integrado por la concurrencia de dos elementos que podemos considerar los objetos materiales del delito: de un lado, la difusión pública de información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados no avalados por la lex artis; y, de otro, que la información falsa difundida y el engaño implícito o explícito que ésta conlleva induzca al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta, de uno o más pacientes. Este segundo elemento consiste en un peligro abstracto, considerando la pérdida de oportunidad terapéutica como un potencial riesgo para la vida o salud de los ciudadanos, sin exigir que se produzca finalmente un resultado de daño.
 
La propuesta de Ciudadanos recoge que la normativa se aplicaría en todos aquellos que "alientes posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos no contrastados", pero puntualiza que la condición es que "aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada". Además, se extendería también hasta "otras enfermedades graves potencialmente letales" y no solo en pacientes oncológicos.
 
Francisco Igea considera que esta modificación daría a los jueces "un instrumento penal para evitar que situaciones así sigan sucediendo en un país del siglo XXI". "Es una obligación constitucional defender la salud pública", ha comentado.
 
Asimismo, remarcó que “es una obligación constitucional defender la salud”. “No vamos a dejar que esto siga ocurriendo ante nuestra inacción”, señaló el representante de C's que advirtió al Gobierno que “la propaganda no es suficiente”. “Queremos reformas legales y penales, no solo anuncios”, manifestó.Y es que, para el diputado naranja, en el escenario que se plantean, actualmente, las sanciones administrativas y el delito de intromisión "no son suficientes, como se ha demostrado", ya que, en su opinión, "son muy difíciles de probar".

"No podemos dejar desamparada a la gente en sus momentos más débiles y de desesperación, en los que es muy fácil caer en una esperanza falsa. No podemos dejar que se les siga embaucando", subrayó Igea, quien se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en esta materia.

"La ministra de Sanidad, Carmen Montón y el Gobierno del PSOE dicen que apuestan por la evidencia científica. En esta propuesta podemos estar de acuerdo. Vamos a colaborar con ellos en esto, pero no queremos solo anuncios, sino reformas penales y administrativas que impidan esto. La propaganda no es suficiente. Es una urgencia que se puede convertir en realidad si el Ministerio la hace suya", concluyó el diputado.

FUENTE: medicosypacientes.com