Con la entrada en vigor del RD 16/2012 el 24 de abril de 2012, hace hoy seis años, se impuso el permiso de residencia legal como requisito para el acceso a la asistencia sanitaria en España. La nueva norma dejó fuera del sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular en España, a consecuencia de lo cual la mortalidad de este colectivo se habría incrementado hasta un 15% en los tres años posteriores a su implantación, según concluye la investigación “The deadly effects of losing health insurance”, realizada por economistas de la Salud del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES)-Universidad Pompeu Fabra (UPF)

Los resultados fueron presentados recientemente por los autores de este estudio, Arnau Juanmarti (CRES-UPF), Guillem Lopez Casasnovas (Department of Economics & CRES-UPF) y Judit Vall Castello (UB, IEB & CRES-UPF) durante el VII Taller de Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud, organizado en Madrid por la Asociación de Economía de la Salud (AES) y la Escuela Nacional de Sanidad (ENS).

En este trabajo de investigación sus autores analizan cuáles son los efectos de esta restricción de la cobertura sanitaria en la mortalidad de la población afectada en mayor medida (que no la única población afectada); la población de inmigrantes irregulares, a partir de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
 
La conclusión principal del estudio es que la restricción de la cobertura sanitaria ha aumentado la mortalidad de los inmigrantes irregulares en un 15% en los tres años posteriores a su implementación en septiembre de 2012, según han explicado a “MedicosyPacientes”.
 
A partir de septiembre de 2012 este grupo de población se quedó sin tarjeta sanitaria, "ya que les fue cancelada y, por lo tanto, dejaron de tener acceso a todos los servicios de salud pública", explican los investigadores. “No solo se restringió el acceso a la Atención Primaria y especializada, sino que, sin la tarjeta sanitaria tampoco se tiene acceso a medicamentos que requieren receta médica y que son financiados por el sistema de salud público”, indican. De esta manera, argumentan, “el real decreto ley supuso un gran cambio por el cual el sistema de salud público español dejó de ser de cobertura universal".
 
Conocer los efectos del acceso a la asistencia sanitaria, especialmente en una población tan vulnerable como la de los inmigrantes, es importante por diversas razones, a juicio de estos economistas de la salud.
 
En primer lugar, existe una preocupación creciente en la población de los países desarrollados sobre los efectos de la recepción de inmigrantes, una preocupación que se ha visto exacerbada en los últimos tiempos a raíz del aumento de los flujos migratorios. En este contexto, diversos países desarrollados implementan restricciones de acceso a los sistemas sanitarios a los inmigrantes irregulares, sin un conocimiento preciso de los efectos que este tipo de restricciones pueden tener en una población con pocas alternativas de acceso a la asistencia sanitaria de manera privada.
 
Por otro lado, el debate sobre la cobertura sanitaria no se centra solo en la población inmigrante. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un fuerte debate sobre que parte de la población debe estar cubierta por el seguro sanitario público, y la cobertura sanitaria universal tampoco está garantizada en otros países. En este sentido, los investigadores utilizan la entrada en vigor del RD 16/2012 en España para analizar los efectos de restringir la cobertura sanitaria universal.
 
Para estudiar dichos efectos utilizaron datos de mortalidad proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Mediante un modelo estadístico denominado “modelo de diferencias en diferencias”, compararon la evolución de la mortalidad de los inmigrantes irregulares con la evolución de la población con nacionalidad española durante el período 2009-2015, abarcando unos años antes y unos años después de la implementación de la restricción.
 
Principales efectos observados
 
El colectivo más afectado por la implementación del RD 16/2012 es el de los inmigrantes irregulares, es decir, las personas inmigrantes que no disponen de un permiso legal de residencia, afirman los investigadores. Efectivamente, este es un colectivo de población muy vulnerable con pocas alternativas de acceso a la atención sanitaria de manera privada. Resulta difícil estimar con datos fidedignos la cantidad de inmigrantes en situación irregular que viven en España.
 
Sin embargo, en el “Programa Nacional de Reformas 2013”, un documento que el gobierno español envía anualmente al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea y que explica las reformas llevadas a cabo por el gobierno, se dice explícitamente que con la implementación del RD 16/2012 y con la intención de “evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria”, 873000 tarjetas sanitarias de extranjeros no residiendo en España habían sido retiradas. Este número representa un 13.87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1.86% de la población total, según el informe.
 
Así, el resultado principal del estudio es que la restricción en el acceso ha aumentado la tasa de mortalidad mensual de la población de inmigrantes irregulares en un 15% en los tres años posteriores a la implementación de la reforma. Los propios datos del gobierno muestran que la reforma ha retirado la cobertura sanitaria a 873.000 personas, lo cual significa “un aumento de la mortalidad de 70 personas adicionales al año a causa de la restricción”, según señalan.
 
Por otro lado, los autores del informe indican que los efectos de la restricción aumentan con el tiempo. “En el segundo año después de la implementación de la reforma, el aumento en la tasa de mortalidad es del 22.6%. Esto, unido al hecho de que es razonable pensar que interrupciones en el tratamiento médico pueden tener un efecto retardado en una variable tan extrema como la mortalidad, nos hace pensar que los efectos a más largo plazo podrían ser mayores”.  No obstante, lamentan no poder disponer aún de datos para analizar los efectos a largo plazo de la restricción.
 
Observan también que los efectos son mayores para lo que en la literatura se conoce como mortalidad “tratable”. Este término hace referencia a causas de muerte que no deberían producirse si existiera una intervención médica a tiempo y efectiva. “Tal y como esperaríamos, vemos que la restricción de acceso tiene un efecto mayor en las causas de muerte ‘tratables’, para las que la tasa de mortalidad aumenta un 17.26%. Para el resto de causas de muerte, que no dependen tanto del acceso al sistema de salud, la tasa de mortalidad aumenta un 12.62%”, según los datos obtenidos.
 
Restricciones en otros países
 
El incremento en los flujos migratorios y la preocupación que éstos generan en los países de destino ha hecho que muchos países impongan restricciones a la población de inmigrantes irregulares en el acceso a los sistemas sanitarios públicos, aseguran los investigadores.
 
En Estados Unidos, recuerdan, los inmigrantes irregulares no tienen acceso a “Medicaid” ni a “Medicare”, los principales seguros sanitarios públicos en ese país. Este grupo de población también queda excluido de los cambios producidos por el “The Patient Protection and Affordable Care Act”: la ley implementada en 2010 por el Presidente Obama, con objeto expandir la cobertura del sistema sanitaria público, comúnmente conocida como “Obamacare”.
 
El acceso al sistema sanitario público para los inmigrantes irregulares también está restringido en muchos países de la Unión Europea, afirman. En este sentido, aluden a un estudio comparativo de políticas nacionales implementadas en los 27 países de la Unión Europea, Cuadra (2011) muestra que solo en 5 de estos 27 países los inmigrantes irregulares tienen acceso al sistema sanitario público en las mismas condiciones que la población nativa (esto es, acceso a la atención primaria, atención especializada y emergencias).
 
En otros 12 países, los inmigrantes irregulares solo tienen acceso a la atención de emergencia, mientras que en los 10 países restantes incluso la atención de emergencia está restringida para este grupo de población.
 
Hasta donde los autores conocen, existen muy pocos estudios que analicen el impacto de proporcionar o no cobertura sanitaria pública a la población inmigrante (o a los inmigrantes irregulares). En este sentido, el  estudio, “The deadly effects of losing health insurance”, según sus investigadores, contribuye a generar evidencia sobre las consecuencias que este tipo de restricciones pueden tener en el bienestar de esta población.
 
Cabe resaltar que existen muchos otros tipos de efectos menos extremos que la mortalidad que en este estudio no se han podido finalmente analizar. Por ejemplo, es de esperar que la incidencia de algunas enfermedades no mortales aumente de manera significativa para el grupo de población afectada. De la misma manera, es altamente posible que aumenten las enfermedades contagiosas incluso para el grupo de población no afectada por la reforma y que podamos ver un aumento de enfermedades en la población nativa.
 
Así, aunque dicho estudio no permite hacer una evaluación de coste-beneficio monetario, todos estos argumentos que los autores han detallado anteriormente, hacen predecir que “el ahorro monetario del Real Decreto será muy limitado o incluso es posible que los costes sanitarios hayan aumentado si se demuestra este aumento en la incidencia de ciertas enfermedades”, como concluyen los economistas de la salud.

FUENTE: medicosypacientes.com