El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad organizó una reunión de seguimiento de la implementación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario en la que participaron representantes de la Organización Médica Colegial (OMC), el Observatorio de Seguridad Integral Hospitalaria, el Consejo General de Enfermería, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de examinar, evaluar y analizar la entrada en vigor de la Instrucción 3/2017
Asistieron a la cita el Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC; Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario de la Policía Nacional; Basilio Sánchez, interlocutor policial nacional sanitario de la Guardia Civil; Carlos Enrique Serra, interlocutor policial territorial de Córdoba y uno de los artífices de la Instrucción 3/2017; José Luis Dopico Plazas, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud de la Dirección General de Ordenación Profesional; Manuel Alcaide, vocal adjunto del secretario de Estado de Seguridad; Pilar Fernández y Diego Ayuso, vicepresidenta y secretario general del Consejo General de Enfermería, y representantes del Observatorio de la Seguridad Integral Hospitalaria.
En la reunión se analizó la actualización de los datos de las agresiones, con la idea de continuar con encuentros periódicos que permitan tener al día los catálogos que modificarán la jurisdicción, según pertenezca a la Guardia Civil en los entornos rurales o a la Policía Nacional en las ciudades más grandes, además de evaluar la conflictividad de cada centro.
El Dr. Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, emplazó a todos los asistentes a conmemorar el Día Nacional de las Agresiones en el ámbito sanitario, que se celebrará el 15 de marzo, con la idea de potenciar y canalizar un frente común contra esta lacra. Además, recalcó la intención “de mejorar no solo la capacidad reactiva ante las agresiones, sino también la prevención de este peligro que acecha a los colegiados”.
La comunicación fluida y regular, que es un elemento muy eficaz para la prevención, se lleva a cabo a través de la figura policial del interlocutor territorial sanitario, una de las medidas de la Instrucción 3/21017. El objetivo es fomentar el establecimiento de contactos periódicos con las organizaciones representativas para atender las preocupaciones y dificultades que se divisen en cada zona o área concreta.
Estas medidas son imprescindibles también para poder concretar el grado o nivel de riesgo de que se produzca una agresión contra un profesional sanitario, así como para determinar las medidas policiales de protección que deben ser adoptadas, siempre de manera personalizada e individual.
El protocolo permite responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la protección de los profesionales de la salud y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades sanitarias en sus actuaciones para mejorar la seguridad en el ámbito de centros médicos, reforzando el conocimiento y confianza en los cuerpos policiales.
Esta iniciativa articula mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en todo el territorio nacional, entre los expertos policiales y las autoridades sanitarias; previene, mediante el impulso de medidas preventivas destinadas a la detección y seguimiento de estas actividades delictivas, así como incrementando la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros.
También reduce las oportunidades de comisión de hechos delictivos y mejora las capacidades, persigue a los sujetos activos, mejorando la capacidad de análisis y valoraciones de riesgo de agresión y responde ante estas acciones, estableciendo cauces de coordinación y minimizando las consecuencias.
FUENTE: medicosypacientes.com
