Reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y que las agresiones sean consideradas como delito contra la autoridad, tanto en el ámbito público como en el privado, son algunas de las reivindicaciones de los médicos frente a las agresiones, recogidas en un manifiesto que hicieron público ayer en la sede de la Organización Médica Colegial con motivo del Día Nacional contra las Agresiones a sanitarios
La Organización Médica Colegial conmemora el 16 de marzo de 2017 el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, una fecha que la corporación viene recordando desde el asesinato en 2009 de una médico de familia en Moratalla (Murcia).
Desde entonces, la OMC puso en marcha un Observatorio de Agresiones para aunar los esfuerzos que se hacían en cada uno de los colegios de médicos, iniciando un movimiento profesional para sensibilizar a médicos, sanitarios, Administraciones y ciudadanos sobre este problema.
El fenómeno de las agresiones a profesionales de la salud es una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el médico y el paciente, a la salud del personal agredido y a la propia imagen de una de las profesiones más valoradas por los ciudadanos.
Se trata de un problema de violencia en sí mismo contra el que hay que tener “tolerancia cero”. El importante número de agresiones a profesionales sanitarios, que se registran anualmente a través del Observatorio de Agresiones, suponen la punta del iceberg de un problema de violencia como tal.
Detrás de esta violencia se encuentra un entramado causal de gran complejidad que favorece las situaciones de conflicto, en medio del dolor y el sufrimiento de los pacientes. Agresiones físicas, abusos verbales, gestos o palabras forman parte de esta violencia que genera un escenario de desconfianza, con consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
La consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido un logro fundamental a la hora de afrontar las agresiones. Frente a ellas, es preciso continuar trabajando en medidas de prevención y protección, necesarias para garantizar el ejercicio seguro de la profesión.
La disposición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las CCAA ante este problema, ha sido de gran ayuda para combatirlo.
Es preciso seguir trabajando juntos ante esta lacra con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que se debe prestar en las condiciones más adecuadas posibles y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva.
Por todo ello, pedimos:
- Que se refuercen las medidas preventivas y de protección a los profesionales.
- Que se incrementen las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados.
- Que las agresiones sean consideradas como delito contra la autoridad, tanto en el ámbito público como en el privado.
- Que la intimidación, la amenaza, la coerción y la agresión psíquica al sanitario sea considerada también como delito.
- Que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA.
- Que las Administraciones sanitarias establezcan programas de formación en las competencias profesionales para afrontar situaciones difíciles.
- Que el Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios cuente con adecuados sistemas de registro y mapa de riesgos para conocer con rigor el alcance del problema y poder así actuar con más precisión.
- Que las Administraciones sanitarias sumen a las campañas de violencia de género, campañas de sensibilización contra las agresiones a sanitarios y de concienciación a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.
- Elaborar un Plan conjunto entre Administraciones sanitarias, colegios profesionales, representantes de las profesiones sanitarias y ciudadanos de prevención y atención a las agresiones.
- Establecer Protocolos de actuación en centros públicos y privados ante la violencia contra los profesionales sanitarios.
- Incrementar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las Fiscalías y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el abordaje integral de las agresiones.
Fuente: medicosypacientes
