Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, que se conmemora este jueves, el Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), hace balance de los siete años del trabajo de este organismo, analiza los asuntos que quedan pendientes y subraya la relevancia de la formación específica como una de las principales medidas de prevención de esta violencia
El secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz destaca en la entrevista que uno de los hitos del Observatorio es la concienciación social lograda respecto a este problema.
¿Cómo valora la actividad que lleva el Observatorio de Agresiones de la OMC desde su puesta en marcha en 2010?
El balance es muy positivo porque hemos conseguido dos de los grandes objetivos que buscábamos: concienciación social y la catalogación jurídica de la agresión como delito de atentado en el ámbito público. Se ha logrado una consolidación, no solo a nivel institucional sino también a nivel ciudadano, de la idea de que agredir a un médico es un delito de atentado a la autoridad. Hemos llegado a la población, lo que nos ha permitido que la sociedad conozca este problema y que no haya dudas jurisprudenciales. Sin embargo, queda camino por recorrer y seguimos sin aclarar la situación del médico del ámbito privado. La Organización Médica Colegial lo es de todos los médicos de España, de los públicos y los privados, y en el contexto actual se genera un agravio comparativo.
¿La defensa del médico que ejerce su profesión desde el ámbito privado es la gran asignatura pendiente?
Hasta el momento no se está defendiendo igual a los profesionales del ámbito privado, que a los del sector público. Hace unos días recibimos una sentencia obtenida por la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Badajoz del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, que condenaba como delito de atentado al agresor de un médico que ejercía su labor privado en una mutua. Toda esta confusión viene dada por una mala conceptualización de lo que es la función pública.
Debemos defender el acto médico que unifica al profesional que ejerce su labor en el ámbito privado con el que lo desempeña en el público.
¿Qué iniciativas llevan a cabo en el Colegio de Médicos de Badajoz?
El Colegio de Médicos de Badajoz en el tema de las agresiones es pionero. Somos abanderados en la lucha contra esta lacra. Nuestra asesoría jurídica, junto con la del Colegio de Médicos de Bizkaia, está a la cabeza en este tema. Tenemos en marcha un protocolo de respuesta muy rápido, con atención telefónica directa al colegiado agredido, al que llama asesor jurídico, el presidente o el secretario inmediatamente. Nuestra máxima ante este tipo de contextos es que “a problemas serios, soluciones rápidas” para evitar que se enfríe la situación.
¿Qué han logrado con estos protocolos?
En más de una ocasión hemos conseguido que tras una agresión un viernes, el lunes se enjuiciara al agresor en un juicio rápido, porque las medidas coercitivas contra el agresor son importantes, pero para nosotros las medidas preventivas son prioritarias. La mayoría de nuestros colegiados son empleados por cuenta ajena y, por tanto, deben conseguir de su empresa las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de agresión.
¿Qué supone en este ámbito la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es obligado cumplimiento, pero nunca o casi nunca se cumple. La Administración necesaria debería aplicarla como mecanismo de evitación de agresiones. Desde el Observatorio abogamos por aconsejar a nuestros colegiados que sus asesorías jurídicas soliciten la aplicación del artículo 1903 del Código Civil, responsabilidad civil "invigilando", para que se implique a los gerentes o administraciones en esta prevención.
¿Cómo es la relación entre la Administración y los Colegios de Médicos?
Es magnífica. En nuestro caso, hemos firmado un acuerdo entre la Junta de Extremadura y los Colegios de Badajoz y Cáceres, para la sostenibilidad económica y social del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Entre las cláusulas destaca la importancia de formalizar, por parte de la consejería, un registro de agresiones, que recogerá todas las agresiones físicas o verbales a los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones, ocurridas en la comunidad autónoma.
Además de promover cuantas iniciativas, instrumentos jurídicos, medios y colaboraciones sean precisas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 11/2015 de Autoridad de profesionales del Sistema Sanitario Público y Centros Sociosanitarios de Extremadura. Este registro va a permitir conocer con más detalle el número de las agresiones reales que se producen en nuestra comunidad autónoma.
¿El hecho de que haya seguridad en los centros es otro de los objetivos que se han planteado?
La presencia de seguridad privada en los centros sanitarios evitaría algunas situaciones conflictivas, pero este factor cobra mucha más importancia en aquellos ámbitos sanitarios donde los médicos realizan la labor asistencial solos. Con carácter preventivo se deberían tener en cuenta factores arquitectónicos de las consultas, una segunda puerta de salida, el botón del pánico o la implantación de un software de alerta al resto de personal sanitario que está en el establecimiento.
¿Cuál sería su recomendación para prevenir las agresiones?
La relación médico-paciente es la herramienta más poderosa y la que más beneficios aporta. Fomentar una sanidad más emocional y más empática mejorará el registro del Observatorio.
Otra medida es la formación específica en comunicación. Para ello resultaría interesante dentro de los planes de formación de las Facultades de Medicina que los médicos sean formados en habilidades para conseguir mejorar los mecanismos de evitación ante situaciones límite.
Es necesario hacer hincapié en dos poblaciones diana muy bien delimitadas: los médicos jóvenes que debutan en hospitales o centros de salud rurales, y en aquellos que en alguna ocasión han sido agredidos.
Fuente:medicosypacientes.com
