Con motivo del Día de Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales sanitarios, Médicos y Pacientes habla con un médico especialista en radiología de la comunidad de Castilla y León para conocer un acto de agresión que sufrió el profesional el pasado año.
Junio de 2021. Hospital público de Castilla y León. El doctor Sergio Pérez (nombre ficticio otorgado al protagonista de esta historia para preservar su anonimato), especialista en radiología, revisa la lista de pacientes que le tocan en su turno laboral. Se dispone a comenzar una nueva jornada de trabajo. Surge un imprevisto: la enfermera de la sala le avisa de que ha acudido un paciente que no estaba citado. Además, esta misma persona no disponía de una prueba PCR negativa, una de las condiciones necesarias para someterse a esta prueba radiológica, algo de lo que el solicitante carece por su posición negacionista frente a la vacuna contra el COVID-19. El médico responsable, el mismo que protagoniza esta historia, sale de la consulta para explicarle que no puede realizarle la prueba por los motivos explicados anteriormente. El hombre insiste en su supuesto derecho a ser atendido a pesar de no cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes. La conversación no fructifica favorablemente y el sujeto termina marchándose del lugar. Sergio vuelve a su casa ese día con el malestar propio de una situación molesta y desagradable. Lo que no se podía esperar es lo que sucedería a continuación.
Días más tarde, Sergio recibe un mensaje por WhatsApp. Y otro. Y otro. Un compañero le había mandado un enlace. Ante la sorpresa, decide seguir el link que le dirige a un canal de la plataforma de retransmisiones en directo Twitch, en concreto a un vídeo. En este se podía ver cómo el agresor acude a su lugar de trabajo con la presunta finalidad de conseguir saltarse los protocolos sanitarios. Este hombre había grabado con una cámara ocultada dentro de un bolígrafo el pasado encuentro con el sanitario. Pero el canal que emitía esta grabación no era propiedad del individuo que fue al hospital, sino de un policía alicantino que el pasado mes de abril había sido suspendido de empleo y sueldo durante un año por negarse a llevar la mascarilla, y que se dedicaba a lanzar sus alegatos por las distintas redes sociales con un discurso negacionista por bandera y encuadrado dentro de un attrezzo en el que se lee claramente ‘#yonomevacuno’. “La primera imagen que vi al entrar es la principal del usuario del canal, en la que aparece empuñando un arma larga y apuntando a la cámara”, señala el Dr. Sánchez.
Es ahí cuando comienza el verdadero sufrimiento de Sergio. Si un enfrentamiento con un paciente que se niega a recibir alguna de las indicaciones médicas y científicas puede causar ese malestar que sintió Sergio el día del acontecimiento, el hecho de que este ‘paciente’ le grabara sin consentimiento con el presunto fin de desprestigiar al médico intentando conseguir coaccionarle con una actitud violenta para saltarse alguno de los protocolos exigidos resulta un maltrato y un acoso. «En la grabación, además de exhibir públicamente las identidades de mis compañeras y la mía, el propietario de la cuenta debate con el agresor y en un momento dado le dice algo así: “Qué te parece que para acabar esto rápidamente, ya que están los tres ahí contra la pared, una ametralladora y que vuelen”, y este es sólo un fragmento que he visto de la grabación que es mucho más larga», explica el radiólogo.
Y la negativa sorpresa para Sergio no terminó ahí. “El paciente que acudió a exigir que se le hiciera la prueba sin estar en posesión de los requisitos necesarios para ello resultó ser un actor profesional”, señala. Como explica el doctor, el suceso ocurrió en una sala de rayos dentro de un hospital público. Por ello, el profesional sanitario remite el caso a los servicios jurídicos del hospital que lo elevan a Sacyl, servicio de salud de Castilla y León. “Yo tengo el derecho de ejercer una acción legal individual, pero no lo hago por lo que antes he explicado. Sin embargo, sí que creo que mi institución me puede respaldar y conseguir que se empiece algún trámite para eliminar ese vídeo de la plataforma”. Según explica Sergio, la respuesta que obtiene por parte de la entidad no resulta aceptable: “Me dicen que es un hecho sucedido en un lugar público entre individuos y que la institución no tiene ningún rol que desempeñar, que yo podía interponer una denuncia, pero ellos se inhiben de cualquier tipo de actuación”, explica.
El motivo que lleva a Sergio a considerar inaceptable esa falta de intermediación por parte de la institución es precisamente la arbitrariedad que sí se produjo en otro caso previo protagonizado por el mismo expolicía, en el que amenazó con “darle dos hostias” al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras implantar el pasaporte COVID obligatorio para acceder a bares y otros establecimientos. En esa ocasión, la fiscal especializada en delitos de odio del Tribunal Superior de Justicia, Susana Gisbert, sí estudió abrir diligencias de investigación. “Lo que yo le pedía a mi institución es que me amparara poniendo los hechos en comunicación de las instancias pertinentes, como estoy seguro de que hicieron otras instituciones en la Comunidad Valenciana “, explica el especialista en radiología.
Por otra parte, el médico indica que este sentimiento de desamparo dista mucho del que sintió cuando pidió ayuda a su Colegio de Médicos: “Allí sí que me atendieron y me manifestaron su intención de poner el caso en conocimiento de la fiscalía local. Tampoco sé hasta donde ha llegado eso, pero pude comprobar que el enlace que llevaba al vídeo dejó de ser válido. Esto era lo que más me preocupaba”.
Este médico quiere que se recalque que el único motivo que le llevó a no denunciar al agresor y a preservar su identidad es el de evitar una confrontación directa con los implicados, así como salvaguardar y respetar el derecho a la intimidad del resto de compañeros que salen en la grabación.
FUENTE: medicosypacientes.com
