El juez condenó a 12 meses de prisión a la paciente que agredió a dos doctoras en la madrugada del domingo mientras era atendida en las Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Otros tres profesionales también fueron agredidos

La paciente ha sido condenada por dos delitos de atentado a funcionario como autoridad pública por agredir a las dos médicas colegiadas, lo que supone un total de 18 meses, nueve meses por cada delito. No obstante, al haber habido conformidad por parte de la detenida, la pena se ha rebajado a 12 meses, seis por cada delito, según ie informó desde el Colegio de Médicos de Málaga.

Igualmente, se ha dictado orden de alejamiento de la agresora a la auxiliar de enfermería también agredida, por lo que no podrá acercarse al centro hospitalario.

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, compareció en la Comisión Mixta Congreso Senado para exponer las actuaciones en políticas de adicciones que va a llevar a cabo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En su intervención Martí trasladó la necesidad de impulsar las políticas frente a las adicciones, “un problema multifactorial cuyo exitoso abordaje implica el indispensable consenso y colaboración de todas las partes implicadas, incluyendo, por supuesto, a los partidos políticos”, manifestó.

La delegada del Gobierno ha expuesto las líneas de actuación principales del Plan de Acción Sobre Adicciones 2017-2020, “que lleva un año de retraso”, y que desarrolla la estrategia del Plan Nacional Sobre Drogas 2017-2014, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero de 2018.

Azucena Martí destacó que el fenómeno de las adicciones “está en continua evolución y cambio”, lo que “hace necesario” atender las prevalencias actuales de consumo y nuevas adicciones como son las llamadas adicciones conductuales o sin sustancia. 

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha felicitado al Gobierno por firmar y ratificar el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el comercio ilícito de tabaco, que entró ayer en vigor, al tiempo que le ha solicitado que lo lleven a cabo de manera que se cumpla el Convenio Marco de Control de Tabaco y el Protocolo de Comercio Ilícito, evitando todo tipo de interferencias de la industria de tabaco en asuntos técnicos con impacto en la salud pública

Este tratado internacional, que ha sido ratificado por 47 Estados, tiene como objetivo la lucha contra el comercio paralelo e ilegal de tabaco, que según muchos estudios independientes o informes parlamentarios está en ocasiones alentado u organizado por las propias empresas productoras.
 
El Protocolo de la OMS, y más particularmente su artículo 8, estipula la aplicación de medidas para garantizar la trazabilidad (o seguimiento) de los productos de tabaco bajo el control de los Estados y de forma independiente de la industria tabacalera. Por otra parte, el artículo 36-7, refleja que es la industria la que debe hacerse cargo de los gastos relacionados con el sistema trazabilidad, así como cualquier coste relacionado con la implementación del Protocolo.

La crisis económica y las consecuentes medidas de austeridad han influido negativamente en la respuesta a la atención a violencia de género dada desde la Atención Primaria, según se desprende de un estudio llevado a cabo por investigadores del Ciber de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y de varias Universidades españolas, y publicado en la revista "European Journal of Public Health"

En concreto el trabajo está firmado por un equipo internacional de ocho investigadoras, pertenecientes a la UAM, el CIBERESP, la Universidad de Lleida (UdL), el grupo de investigación GESEC (UdL), la Universidad de Alicante, la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII) y la Universidad de Umea (Suecia), y liderado por la profesora e investigadora Laura Otero-García.
El estudio demuestra que la disminución de personal en las plantillas de los centros de salud ha provocado que los profesionales tengan que reducir aún más el tiempo de consulta y que, por tanto, encuentren dificultades para atender problemas complejos como el de la violencia de género.
 
Además, los recortes dificultan el trabajo en equipo y merman la formación continuada de los profesionales, "cada vez más escasa", siendo ambas circunstancias obstáculos para abordar adecuadamente la violencia de género.

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