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El Dr. Enrique Guilabert, tesorero del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM), ha participado en la inauguración oficial del IX Congreso Nacional de Médicos Jubilados, celebrada en el Colegio de Médicos de Sevilla, y presidida por el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; en la que ha puesto en valor la labor voluntaria de los médicos y médicas jubilados durante la pandemia: “Sois el mejor ejemplo de que la Medicina se lleva en el alma hasta el último día y que sus valores no caducan”.
En su intervención, el Dr. Enrique Guilabert, tesorero del CGCOM, ha resaltado el honor “que supone participar en el noveno Congreso Nacional de Médicos Jubilados” y ha hecho mención “a los valores del médico que se han podido comprobar durante la COVID-19 con una entrega, vocación y profesionalidad incuestionable y donde los médicos jubilados habéis manifestado con vuestra voluntariedad en una crisis sanitaria que le ha costado la vida a 125 médicos en activo y dos compañeros vocales de jubilados”. “Sois el mejor ejemplo de que la Medicina se lleva en el alma hasta el último día y que sus valores no caducan. Gracias en nombre de la profesión por vuestro ejemplo”, ha dicho.
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El presidente del Consejo General de Médicos, Dr. Tomás Cobo, ha mantenido un encuentro con representantes del Consejo General de la Psicología, encabezados por su presidente Francisco Santolaya y José Luis Marín, presidente de honor de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España, con el objetivo de promover un grupo de trabajo que desarrolle un plan conjunto de salud mental.
La actual pandemia del COVID19 ha puesto de manifiesto las limitaciones de nuestros sistemas de protección social y sanitario para dar respuesta a las crecientes demandas de asistencia psicológica de la población. La ausencia de un plan para asegurar el funcionamiento de la red de atención de la salud psicológica en estas condiciones de fuerte alteración de la vida social, ha sido un catalizador para la urgencia en la búsqueda de situaciones.
La atención pública a los problemas de salud mental en España arrastraba ya múltiples carencias y se constata que apenas se ha avanzado en la implantación de atención psicológica profesionalizada en Atención Primaria, o en los departamentos hospitalarios ajenos al ámbito de la Salud Mental.
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El teléfono 024 del Gobierno de España atendió, durante su primer mes en funcionamiento, cerca de 15 000 llamadas, derivó más de 650 a los servicios de emergencia 1-1-2 e identificó un total de 290 suicidios en curso.
Así se desprende del balance de actividad de la Línea de Atención a la Conducta Suicida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de mayo bajo el lema ‘Llama a la vida’; un servicio que ha registrado una media diaria de 400 llamadas y que, durante su primera semana de actividad, llegó a alcanzar un promedio de 800 llamadas al día.
Como ha destacado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los datos registrados hasta la fecha evidencian la necesidad del este servicio para hacer frente a una amenaza silenciada y latente como son los problemas de Salud Mental y la conducta suicida.
“Teníamos que pasar del silencio al debate y del debate a la acción, como hemos hecho desde el Gobierno de España situando a la Salud Mental en el epicentro de las políticas públicas”, ha subrayado Darias.
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Los profesionales sanitarios han demandado este jueves que se lleve a cabo un registro único de agresiones contra los médicos como un "el primer paso" para endurecer la ley frente a estos ataques que, según un estudio del Interlocutor de la Policía Nacional Sanitaria, sumaron más de 10.000 durante 2021.
Así se ha puesto de manifiesto durante el V Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), cuyo presidente, Carlos Fornes, ha explicado que este registro único debe unificar los recuentos de los Colegios de Enfermeros y de Médicos, pero también las agresiones sufridas por administrativos o vigilantes para decir "basta" y modificar una legislación con la que "agredir resulta barato".
Fornes ha resaltado que ahora mismo "vamos mal con los datos", puesto que "no se puede saber con exactitud" la cantidad de agresiones recibidas por los profesionales de sector sanitario: "Se denuncia muy poco por miedo a represalias y el Código Penal solo recoge penas de unos 60 euros", por lo que "hay que reformarlo".
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