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La ministra de Sanidad, Mª Luisa Carcedo, celebró ayer una reunión con la profesión médica, representada por la Organización Médica Colegial, Sociedades Científicas y farmacéuticos, para analizar el alcance del informe sobre los fallos en el control de implantes de uso sanitario, elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Carcedo les informó sobre las garantías que ofrece España en la seguridad y el uso de los productos sanitarios así como los proyectos del Ministerio en la implementación respecto de la seguridad y el uso de este tipo de dispositivos
A la salida de la reunión Carcedo quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que tengan incorporado un implante, recomendando que ante cualquier anomalía que pueda detectar un paciente que haya recibido un implante acuda a su médico para consultarle el problema que pueda estar sufriendo al respecto.
La titular de Sanidad explicó que en España se registran anualmente alrededor de un millón de implantes como parte del tratamiento médico-quirúrgico, con un bajo porcentaje de notificaciones de alertas sobre problemas originados al paciente por esta causa. “Son puntuales y anecdóticas”, afirmó la ministra de Sanidad.
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En relación a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre la investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que engloba a 220 reporteros de investigación de 83 países y territorios, y que cuestiona las carencias en el control sobre los implantes sanitarios, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) emitió un comunicado frente a la alarma que pudiera ocasionar el informe del ICIJ, asegurando que "ni profesionales médicos ni centros sanitarios pueden adquirir o implantar dispositivos carentes de certificación europea o fuera del control sanitario”, además de poner en valor la excelencia del sistema sanitario español
Como recuerda FACME, la medicina busca siempre la cura o alivio de las enfermedades mediante un proceso en el que el diagnóstico y el tratamiento tienen una base mayoritariamente tecnológica. Así, la aplicación de nuevos medicamentos para el abordaje terapéutico o de nuevos dispositivos para el diagnóstico y el tratamiento son decididos por el profesional médico en función de máximas expectativas de seguridad, eficacia y eficiencia.
Según explica en su escrito, la obligación adicional de eficiencia exige además consideraciones referentes al equilibrio entre costes y resultados. Siendo estas las reglas clínicas principales, la introducción de la tecnología en la práctica clínica no sigue procesos idénticos en cuanto al medicamento y a los dispositivos e implantes médicos. Afortunadamente en España contamos con una excelente agencia gubernamental, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se ocupa del control y seguimiento de estos recursos tecnológicos, amén de una red de Agencias de Evaluación Tecnológica dependientes de diversas comunidades autónomas y del Instituto de Salud Carlos III. Aunque es cierto que la regulación nacional e internacional está más desarrollada en el caso de los medicamentos, también para los dispositivos sanitarios existe una regulación que se aplica sin excepciones.
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Los países de la UE derrochan una quinta parte del gasto en salud en pruebas o tratamientos innecesarios, alerta un informe publicado conjuntamente por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pide "reducir los gastos innecesarios para hacer que los sistemas de salud sean más efectivos"
Considera que ese presupuesto, que es "desperdiciado", puede ser "reasignado para un mejor uso", de hecho consideran que se trata de un gasto que podría, en muchos casos, "reducirse o eliminarse sin menoscabar la calidad de cuidado", y sin "perjudicar innecesariamente" al paciente, que "recibe atención innecesaria o de bajo valor que tiene poca o ninguna repercusión en su salud".
En 2017, el gasto en salud representó el 9,6 por ciento del PIB en el conjunto de la UE, en el caso de España fue del 8,8. El 20% se destinó a productos médicos y farmacéuticos; mientras que el 13% fue destinado a cuidados a largo plazo relacionados con la salud y un 7% se gastó en servicios colectivos, tales como prevención y salud pública, así como la gobernanza.
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social contabilizó 3.381 nuevos casos de infección por VIH en 2017 a través del sistema de información sobre nuevos diagnósticos, y se estima que actualmente viven en España entre 140.000 y 170.000 seropositivos
Esto supone una tasa de 7,2 casos por 100.000 habitantes, a la espera de que se completen las notificaciones por parte de las comunidades autónomas y la cifra pueda aumentar.
La mayoría de los casos se produjeron en hombres (84,6%) y la mediana de edad al diagnóstico fue de 35 años. Un 29,3% de los pacientes infectados tenía menos de 30 años en el momento del diagnóstico y un 14,8% tenía 50 años o más.
El modo de transmisión más frecuente fue el sexual, según el Ministerio, mientras que el 54,3% de los diagnósticos se produjeron en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 28,2% en heterosexuales (15,1% en hombres y 13,1% en mujeres). La transmisión en personas que se inyectan drogas supuso sólo el 3,1% del total de casos.
Un 36,1% de los nuevos diagnósticos realizados en 2017 fue en personas nacidas fuera de España, un porcentaje que entre las mujeres ascendió al 57,3%. Las regiones de origen más frecuentes fueron Latinoamérica y África Subsahariana.
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