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La subcomisión de cannabis medicinal del Congreso de los Diputados ha dado este martes su aval a la regulación de esta sustancia con fines terapéuticos con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de ERC y Bildu, y el voto en contra de PP y VOX.
Una de las novedades más importantes en las conclusiones de la subcomisión es que se abre la puerta a la dispensación del cannabis medicinal en farmacias comunitarias, tal y como reclamaban, por ejemplo, desde Unidas Podemos y más grupos de la izquierda.
El PSOE ha tenido que ceder en este punto, ya que la limitaban a las farmacias hospitalarias. El texto final establece que la distribución será con fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis, que deberían entregarse "a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos".
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Fundación Bamberg han celebrado, en la sede de la corporación médica, otro foro, de los catorce impulsados por ambas organizaciones, que ha versado sobre las infraestructuras sanitarias en España y el equipamiento médico.
Para abordar este tema han invitado, en esta ocasión, a los responsables de infraestructuras sanitarias de las principales comunidades autónomas de España y expertos de primer nivel, que han debatido sobre los temas expuestos, para conocer el alcance de las decisiones adoptadas, los logros alcanzados y los retos de futuro en relación con las nuevas tecnologías.
En la presentación de este seminario han participado el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM); Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg; y el Dr. José Luis Carreras,jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en Inmunización y su Grupo de Trabajo sobre Vacunas COVID-19, ha señalado que la vacuna contra la COVID-19 adaptada a ómicron podría mejorar la respuesta como dosis de refuerzo, pero no como dosis primaria.
"Como dosis de refuerzo, una vacuna específica de ómicron puede provocar una respuesta inmunitaria más amplia que la vacuna basada en el virus inicial. Sin embargo, cuando se utiliza para la serie primaria, no es probable que confiera una protección tan amplia como la actual vacuna basada en el virus ancestral y, por lo tanto, no se aconseja en este momento", ha resaltado la OMS a través de un comunicado.
En su texto, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas argumenta que la infección y el uso de la vacuna han conducido a un "alto grado" de inmunidad híbrida, es decir, inmunidad a nivel de la población a partir de respuestas inmunitarias tanto inducidas por la vacuna como por la infección.
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El Gobierno estima que garantizar la atención sanitaria pública a los extranjeros reagrupados costará a las arcas públicas unos 18 144 785 euros al año, según consta en la Memoria del análisis de impacto normativo de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Esta ley no va a tener impacto directo negativo ni sobre el empleo, ni sobre la productividad o la innovación. No se prevé un impacto en la economía general. Sí se prevé un impacto positivo en la economía de las personas que se vean exentas de la aportación ortoprotésica. Asimismo, se prevé un impacto positivo para aquellas personas con nacionalidad española de origen residente en el exterior desplazada temporalmente al territorio español, así como los familiares que le acompañen, dado que aquellas que actualmente estuvieran pagando un seguro médico para acceder a la asistencia sanitaria en nuestro país, dejarán de abonarlo. Del mismo modo, será positivo para las personas ascendientes reagrupadas por su hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria que estén a su cargo", resume el Ejecutivo.
El informe estima el gasto total de la puesta en marcha de la Ley en torno a 19 894 328,08/ 92 473 468,08 euros el primer año, y 19 894 328,08 euros los años siguientes. Esta diferencia de presupuesto se basa en cómo se calcule el impacto de los extranjeros reagrupados.
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