El 14 de marzo la Organización Médica Colegial (OMC) conmemora el ‘Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario’, una fecha que la corporación, junto a los Colegios de Médicos y los Consejos Autonómicos, viene recordando desde el asesinato en 2009, de una médico de familia en Moratalla (Murcia). El objetivo es sensibilizar a las administraciones públicas, a los propios profesionales y a los ciudadanos del grave problema que significan las agresiones a sanitarios porque afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria y, por tanto, a la propia sanidad que es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar
La OMC creó en 2010 el Observatorio de Agresiones a través del cual, año tras año, se ha ido exponiendo la realidad de las agresiones a través de las comunicaciones y/o denuncias registradas en los colegios de médicos de toda España.
El lema de las actuaciones de la OMC: “Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero” ha sido el empleado para concienciar y ayudar a los sanitarios en general y a los médicos en particular en el manejo preventivo y jurídico de esta lacra. Las agresiones, además de un problema de violencia en sí mismo, conllevan un deterioro de la relación de confianza entre médico y paciente, fundamental en esa relación y repercuten gravemente en la salud y calidad de vida del profesional agredido.
Hay que considerar que detrás de la violencia contra el personal sanitario, existe un entramado causal de gran complejidad. El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación médico-paciente, pero también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial que merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones.
La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado - y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido uno de los logros más importante en la lucha contra este problema.
Además, la puesta en marcha de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud, que recogía la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, es otro de los hitos de la labor del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, que sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas.
Las acciones del Observatorio, que es un referente en este ámbito, están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.
El Observatorio Nacional de Agresiones recoge las comunicaciones recibidas en los Colegios de Médicos de agresiones a médicos. Con estas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. Este Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la violencia en el ámbito sanitario.
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial. El objetivo del Observatorio ahora es que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades y así evitar que sean consideradas delito, en unos casos, y falta, en otros.
FUENTE: medicosypacientes.com
