Dos pediatras y una enfermera fueron agredidos “verbal y físicamente" por familiares de una paciente el pasado martes en el Materno Infantil de Granada mientras desarrollaban su labor en el área de Neonatología del citado hospital, según denunció el Sindicato SATSE, suceso que también ha sido condenado por el propio centro sanitario
En el momento de los hechos, se activó el botón antipánico, aunque hubo que esperar a que llegara la Policía, se puso en marcha el protocolo de agresiones y a través del correo interno se ha dado parte a la unidad de riesgos laborales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que ha tomado todas las medidas legales que se derivan de su aplicación.
Desde la Junta de Personal abogan por poner "todos los medios necesarios para la concienciación de los usuarios del sistema sanitario, para el buen uso de los medios que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone a su disposición", ya que, según advierten, "no es de recibo el mal trato físico y/o verbal que deben de soportar de forma tan frecuente los trabajadores".
Reclaman un esfuerzo en todos los ámbitos de la sociedad para acabar con las agresiones a los sanitarios que, según afirman, "son cada vez más habituales en los centros asistenciales" y reclaman que se castiguen por la vía de lo penal.
Por estos hechos, la Junta de Personal del Hospital ha convocado una concentración para este jueves a las 10,00 horas a las puertas del Materno Infantil en repulsa por esta "nueva agresión".
Tras conocer la agresión, la dirección del centro ha activado el Plan de Prevención y Atención contra las Agresiones del SAS que pone a disposición de sus profesionales asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico en caso de que lo demanden, y algunos de sus responsables se han entrevistado con los profesionales para interesarse por su estado y ofrecerle su apoyo personal, además del institucional.
El Plan de Prevención y Atención contra las Agresiones fue impulsado en 2005 por la Consejería de Salud con el objetivo fundamental de dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
La Consejería de Sanidad ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.
FUENTE: medicosypacientes.com
