La Comisión de VIH y Empleo compuesta por CCOO, UGT, CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo instan a reducir el impacto negativo del VIH en el mundo laboral. Es por ello que insistieron en la necesidad de un Pacto de Estado para la respuesta al sida en España.
La Comisión de VIH y Empleo compuesta por CCOO, UGT, CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo consideran, en un comunicado, que "no hay excusas para que el Gobierno de España asuma un compromiso real político, social y económico en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, quienes experimentan cotidianamente situaciones en las que se vulneran sus derechos laborales que van desde la dificultad para acceder al mercado laboral (como a determinados puestos en la función pública), hasta despidos improcedentes". Igualmente, opinan estos escenarios discriminatorios, provocan "que no puedan tener un trabajo estable, vivan con miedo de que se conozca su seroestatus, no sean contratadas o puedan perder su trabajo por el hecho de vivir con el VIH".
Así, consideran imprescindible reducir el impacto negativo del VIH en el mundo laboral porque "no hay excusas para continuar vulnerando los derechos laborales de las personas con el VIH. Por tal motivo, la Comisión de VIH y Empleo exige al Gobierno medidas dirigidas a lograr un empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social para las personas con VIH".
En este contexto reclaman un Pacto de Estado para la respuesta al VIH en España que, basado en la Recomendación 200 de la OIT sobre el VIH en el trabajo y en la colaboración entre Gobierno, Agentes Sociales y Organizaciones Sociales, "contemple el VIH como una cuestión de derechos en todos los ámbitos y la igual como un principio constitucional, cuya garantía de cumplimiento le corresponda en primer lugar a los poderes públicos".
Otra de sus demandas pasa por que la infección por VIH debe pasar a estar catalogada como infecto-transmisible en lugar de infecto-contagiosa. Sobre ello, se presentó una Proposición No de Ley (PNL) que se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados porque, como exponen, "es imprescindible la eliminación de los obstáculos para evitar que la infección por VIH constituya una causa genérica de exclusión del acceso, promoción o traslado en la función pública como es el caso de las fuerzas de seguridad, los bomberos, etc. Además esta medida evitará también situaciones de discriminación arbitraria en el uso de determinados servicios públicos como gimnasios, centros de día, residencias de mayores, etc".
Reforzar las políticas activas de empleo, especialmente en el área de formación, que redunde en la cualificación profesional de los colectivos más vulnerables también forma parte de sus peticiones. En este sentido, aseguran que en los últimos años, "las reformas laborales han incrementado la precariedad de los y las trabajadoras y más especialmente entre los y las más vulnerables que además tienen más baja cualificación profesional, como es el caso de las personas con el VIH, ya que hay una proporción significativa que cuenta con una falta de cualificación y de experiencia profesional que limita sus oportunidades laborales a contratos de corta duración y con salarios reducidos". Finalmente, instan a que se aumente la cuantía de las pensiones no contributivas para asegurar su suficiencia.
Fuente: medicosypacientes.com
