Desde enero de 2014 hasta marzo de 2017 un total de 3.340 personas han sido excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, según han informado las organizaciones que integran la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER). Justo cuando se cumplen 5 años de la aprobación del Real Decreto, este organismo ha hecho público su informe 'Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria' donde "desmienten" algunos argumentos que se esgrimieron para justificar la necesidad de que entraran en vigor estas medidas legislativas
El informe además recoge que de las 3.340 personas excluidas del SNS, 1.840 se encuentran en situación administrativa irregular, 146 mujeres embarazadas, 243 menores, 26 solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias.
Estas cifras constituyen, para REDER, una muestra que constata la existencia de "una grave situación con una dimensión real mucho mayor". De hecho, han denunciado que "ni siquiera se han respetado los casos de las personas que tienen que acudir a urgencias para ser atendidas, ni los de quienes sí tienen derecho a recibir asistencia sanitaria (mujeres embarazadas, menores, víctimas de trata y personas solicitantes de asilo)".
El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por parte del Gobierno del Partido se caracterizaba por contener medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Según señaló REDER "el SNS se caracterizaba hasta 2012 por otorgar una cobertura muy amplia con un gasto relativamente contenido respecto de otros países de nuestro entorno. No obstante, el Gobierno alegó que el sistema se encontraba al borde del colapso y con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de ese año una reforma radical. Cinco años después, no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún informe de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha tenido sobre la salud individual y colectiva".
Por ello, exigió a los distintos grupos parlamentarios "la adopción de medidas legislativas que aseguren el fin de esta situación". De hecho, "873.000 tarjetas sanitarias fueron retiradas a partir de la entrada en vigor de esta normativa, según datos del propio Gobierno".
Las entidades que forman parte REDER han respondido algunos de los argumentos que se han esgrimido para justificar la necesidad de que entraran en vigor las “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.
"A lo largo de este lustro, en respuesta a la repetida denuncia de diversos organismos internacionales y europeos sobre la grave vulneración de derechos derivada de estas medidas, el gobierno ha difundido una serie de mensajes falaces que hemos desmontado a través de la presentación del informe 'Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria'”, explicaron desde REDER.
REDER está integrada, entre otros colectivos, por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (Fadsp), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Fuente: medicosypacientes.com
