El Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) y secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz, señaló que “la interacción del Interlocutor Policial Sanitario aporta sensación de seguridad al profesional”, durante su participación en el Foro Sanidad y Derecho, organizado en el Hospital La Paz
Además del Dr. Becerra, participaron en la sesión dedicada a las agresiones en el ámbito sanitario, que estuvo moderada por Arturo José Mengual, miembro del Gabinete Jurídico del Hospital El Tajo de Aranjuez; Sara Gasco, secretaria del Colegio de Enfermería de Madrid; Cristóbal Zarco, asesor jurídico del Colegio de Médicos de Madrid; y María Ángeles Sánchez, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Infanta Leonor.
El coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC destacó la importancia de la aplicación de Ley de Prevención de Riesgos Laborales en este asunto, “que es de obligado cumplimiento, pero nunca o casi nunca se cumple”, motivo por el que “desde el Observatorio aconsejamos a los colegiados que sus asesorías jurídicas soliciten la aplicación del artículo 1903 del Código Civil, responsabilidad civil ‘in vigilando, para que se implique a los gerentes o administraciones para evitar que se produzcan estos episodios”.
El Dr. Becerra explicó que la Administración “tiene que contar con un plan de prevención obligatorio, que debe ser anunciado al profesional, detallando las características y riesgos de su puesto de trabajo”. Asimismo, manifestó que “ya que hemos conseguido que se unifique la doctrina y que no haya dudas jurisprudenciales, hay que dar un paso más en las tareas de prevención”.
También comentó la trascendencia de la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, iniciativa encuadrada en la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, que da respuesta compromiso contraído por el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el equipo directivo de la OMC.
Para el Dr. Becerra, esta medida “aportará sensación de seguridad a los profesionales en el desempeño de sus funciones”. Se trata de un protocolo que tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud
Esta iniciativa establecerá un marco de actuación adecuado para reforzar las labores de prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales a profesionales sanitarios en los centros médicos o con ocasión de su labor, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva y mejorar la sensación de seguridad del personal que trabaja en los mismos. Ante la entidad de la problemática que recoge el protocolo se hace necesario impulsar una nueva respuesta policial, integral y transversal desde la Secretaría de Estado, que esté constituida por una actuación coordinada, así como la adopción de nuevas medidas que refuercen las ya existentes en un marco de actuación más amplio. El Dr. Becerra expuso que la figura del Interlocutor Policial Sanitario “mejorará la interrelación de los profesionales con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que ayudará a prevenir conflictos y aumentará la capacidad de reacción para impedir las agresiones”.
Por último, el coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC aseguró que “la unificación doctrinal de los tribunales está permitiendo salvar antiguos obstáculos e incluso ya contamos con alguna sentencia que condenaba como delito de atentado al agresor de un médico que ejercía su labor privado en una mutua”.
FUENTE: medicosypacientes.com
