CONCLUSIONES.

Con relación a las agresiones a funcionarios públicos en el ámbito de la sanidad, search el Fiscal General del Estado ha emitido un dictamen en la que se recogen las siguientes conclusiones:

Primera.- El bien jurídico protegido por el delito de atentado es el orden público en sentido amplio, en cuanto las conductas que le afectan están dirigidas a menoscabar la actuación de las personas encargadas del normal funcionamiento de actividades relativas alinterés general que la Administración debe prestar a los ciudadanos.

Segunda.- El concepto de funcionario público a los efectos de ser considerado sujeto pasivo del delito de atentado es el expresado en el art. 24.2, cuando el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia también grave dirigido contra los mismos, incida en el ejercicio de las funciones públicas realizadas en actividades vinculadas a los principios básicos de convivencia, orden político y la paz social de una sociedad democrática.

Tercera.- Las actividades realizadas por funcionarios públicos en el ámbito del derecho a la salud regulado en el

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De esta forma los Tribunales interpretan en sus justos términos la Orden CIN/2134/2008, advice de 3 de julio, discount del Ministerio de Ciencia e Innovación, price que establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero

Ante las dudas que planteaba la Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero, el Consejo General de Colegios de Médicos planteó un recurso sobre el que La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 5ª) ha dictado sentencia.

El objetivo del Consejo General de Colegios de Médicos al interponer el recurso contencioso-administrativo núm. 847/2008 era conseguir que la norma se interpretara en sus justos términos, ya que los Tribunales son los únicos competentes para hacerlo.

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