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La COVID-19 persistente afecta de manera desigual según el género, según resultados que se presentarán en el 72ª Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), que se celebrará de forma virtual los días 14 al 16 de octubre de 2021.
Las mujeres sufren de manera más frecuente la COVID-19 persistente en el rango de edad que va entre los 50 a los 60 años, pero los hombres permanecen más tiempo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y presentan más lesiones faringo-laríngeas y patologías deglutorias.
La COVID-19 persistente se define como la permanencia de síntomas incapacitantes tras la infección aguda por SARS-CoV-2 de más de 4-12 semanas tras el inicio de los síntomas. Puede ocurrir entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes sintomáticos que han padecido la enfermedad.
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Los días 21 y 22 de octubre vuelve la cita de referencia del ámbito jurídico-sanitario, el XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Relevantes personalidades del mundo jurídico, académico y profesional analizarán los nuevos desafíos jurídicos tras la COVID-19.
La nueva edición se celebrará en el Complejo Duque de Pastrana, en Madrid, una sede versátil que se adapta a la situación sanitaria provocada por el coronavirus. El programa científico de este año se distribuye siguiendo el esquema clásico de esta cita, en mesas redondas, tertulias y talleres de trabajo, comunicaciones libres o presentación de novedades editoriales, escogidos siguiendo las orientaciones de la Comisión Científica de la Asociación y los problemas que los asociados han transmitido a la Junta Directiva "como más importantes y de mayor gravedad en su actividad diaria".
El XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario analizará la experiencia europea con las leyes reguladoras de eutanasia, en una mesa redonda moderada por el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España, con la participación de Ramin Parsa-Parsi, jefe del Área Internacional de la Asociación Médica de Alemania (BÄK); Jean François Rault, delegado general de Asuntos Europeos e Internacionales de la Orden de Médicos de Francia; René Héman, presidente de la Real Asociación Médica de los Países Bajos (KNMG); y Frank Ulrich Montgomery, presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM).
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El informe ‘Global Hunger Index 2021’ alerta sobre el retroceso para lograr el ‘hambre cero’ en 2030. Entre las principales causas se encuentran los conflictos violentos y prolongados, los efectos adversos del cambio climático y las consecuencias de la pandemia de Covid-19.
Al ritmo actual, la comunidad internacional no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de hambre cero en 2030. De hecho, 47 países no lo lograrán, como apunta la edición de este informe de la plataforma europea de ONG Alliance 2015 de la que forma parte Ayuda en Acción.
Un país, Somalia, padece un nivel de hambre extremadamente alarmante, cinco tienen niveles de hambre alarmantes –Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Madagascar y Yemen– y 31 países tienen niveles de hambre graves, puede leerse en este documento difundido en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 17 de octubre.
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El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado hoy la propuesta de distribución territorial de créditos, para el ejercicio presupuestario 2021, destinada a la Red de Vigilancia en Salud Pública.
En concreto, las partidas asignadas del importe total de 13 millones de euros, que irán con cargo al presupuesto de Sanidad, en el marco del componente 18 “Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias”.
Así, se reforzarán las capacidades del SNS en coordinación con las CCAA, a través del CISNS, como órgano de cogobernanza, para fortalecerlo y adaptarlo a los retos y desafíos a los que se enfrenta. El objetivo, prepararlo para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales y garantizar que todas las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud.
Cabe destacar que el sistema de información de vigilancia en salud pública contará con una dotación de 27,4 millones de euros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que incluye una inversión de 8 millones de euros para el nodo central del sistema y 16,2 millones de euros para desarrollar en cada comunidad autónoma los componentes de la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública que incluye inversión a nivel central y autonómico. Ampliar e integrar los sistemas de información.
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