En torno al  44 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural padecen patología dual, según datos expuestos durante las XII Jornadas de Género de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), donde se ha reivindicado que la perspectiva de género sea incorporada a las investigaciones epidemiológicas

Para las mujeres víctimas de violencia machista que viven en el medio rural es más difícil mantener el anonimato y el fuerte control social les dificulta la posibilidad de denunciar. Además, están alejadas de los recursos asistenciales y tienen limitadas sus oportunidades de acceso al empleo, por lo que desvincularse del entorno donde sufren maltrato es más complicado que en los núcleos urbanos. “Según nuestra propia experiencia, un 44 por ciento de las mujeres que atendemos como consultores de violencia de género en nuestro servicio padece patología dual, es decir, una adicción y otro trastorno mental al mismo tiempo”, afirmó la Dra. Amaya Caldero Alonso, coordinadora de la Unidad Funcional de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora.
 
La psiquiatra participó en las XII Jornadas de Género de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) ‘Patología dual en mujeres a lo largo de la vida’, celebradas los días 12 y 13 de diciembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

Como explicó el Dr. Carlos Roncero, jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y coordinador de las jornadas, “aunque el porcentaje de mujeres con problemas por uso de sustancias es sensiblemente menor que el de hombres, las consecuencias que presentan las mujeres suelen ser más graves, ya que son más vulnerables a sus efectos, tienen mayores dificultades para iniciar tratamiento y suelen evolucionar menos favorable que los hombres, lo que las hace merecedoras de una atención específica”.

Jerónimo Cantuche y Ana María García critican las abultadas listas de espera y plantean soluciones

"Ideas x Zamora" ha abordado este miércoles desde las 11.00 horas, en directo, el debate sobre la sanidad en la provincia, uno de los aspectos que preocupa más a la sociedad y que vive en estos tiempos momentos difíciles derivados sobre todo de los problemas para conseguir una adecuada atención médica debido a la falta de profesionales. El espacio puede seguirse, como cada semana, a través de la web y de Facebook Live, donde además los lectores pueden plantear preguntas en directo.

Para debatir sobre el asunto y, sobre todo, escuchar propuestas e ideas que puedan llevar al menos a la reflexión a ciudadanos y poderes públicos LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA ha invitado a dos personas que, cada una en su ámbito, se ha implicado durante muchos años tanto en la práctica clínica como en el trabajo en organizaciones que les proporcionan una visión más amplia.

El número de agresiones registradas a profesionales sanitarios aumenta porque el trabajo de concienciación y sensibilización está dando resultados y se denuncia más. Así lo explicó el comisario Javier Galván, interlocutor policial nacional sanitario, en una entrevista concedida a esta publicación, en la que anunció la creación de la figura del adjunto a su cargo, además del desarrollo de ALERTCOPS, una app que permitirá al médico alertar de una situación de conflicto en la consulta y recibir una respuesta más rápida por parte de Policía Nacional 

¿Qué balance hace de la puesta en marcha del interlocutor policial sanitario?

El balance es muy positivo. La labor de seguridad demandada a Policía Nacional empezó de cero hace un año y medio y en este tiempo se han realizado multitud de actividades e iniciativas regladas con sus correspondientes procedimientos para que las actuaciones fueran meditadas. Se realizó un censo, se inspeccionó los servicios y se creó la figura del interlocutor policial sanitario territorial. Además de la actividad que exigía la norma de la Secretaría de Estado de Seguridad, hemos añadido medidas proactivas como es la formación de los interlocutores, la propuesta de ALERTCOPS y el proyecto de la instauración de procedimientos para que los profesionales sanitarios puedan denunciar ‘in situ’ delitos leves de los que son objeto de agresión, que ya cuenta con una experiencia piloto.

La Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados dio este martes el primer paso para aprobar la proposición de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que ahora deberá aprobarse en el pleno

El texto ha contado con aportaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y con la aprobación de cinco enmiendas, entre ellas una del PSOE y de Unidos Podemos, criticada por Ciudadanos, para que sean las comunidades autónomas las que decidan las sanciones en la Ley.

En concreto, el texto de esta enmienda, que tuvo 20 votos a favor y 17 en contra, establece que las infracciones dispuestas en la normativa queden sometidas al régimen sancionador previsto en la legislación de cada comunidad autónoma y, en ausencia de la misma, se aplique lo previsto en la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional, administrativa o laboral procedentes en derecho.

Ante las informaciones difundidas sobre la posible negociación para la concesión a la Comunidad Autónoma del País Vasco de competencias para homologar los títulos extranjeros de Medicina, el CGCOM emitió ayer una declaración en la que expone su posicionamiento ante esta decisión que considera "inédita en el espacio europeo, plantea un cambio que presenta muchos más inconvenientes que ventajas, y obliga a la profesión médica a denunciar la misma en todos los foros"

Argumentando desde la lógica político profesional
 
El primer argumento es que no existen 17 sistemas de ordenación profesional, sino solamente uno, por más que exista una tendencia de muchos a quedarse en el lugar donde han nacido o donde han cursado su formación de grado. Los médicos, enfermeras, y demás profesionales, una vez formados, pueden moverse y acabar trabajando en lugares muy diferentes (incluido el extranjero). Por esto, la realización de Planes de Ordenación de Recursos Humanos en las Comunidades Autónomas (Artículo 13 del Estatuto Marco, Ley 55/2003), siendo necesarios no son suficientes, ya que el “mercado profesional” está construido a nivel español, y cada vez más en el ámbito europeo.