La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a tres años y medio de prisión como autor de un delito de atentado con instrumento peligroso a un varón de 46 años que el pasado mes de junio se presentó en el centro de salud del Tarajal, en la periferia de la ciudad autónoma, y amenazó a una médico con una navaja con el objetivo de que le recetase benzodiazepinas

En la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la magistrada incluye en el reato de hechos probados que, ante la negativa a expedírselo por parte de la facultativa, el condenado "le manifestó 'o me la recetas o te voy a apuñalar a ti y al doctor Fuentes', generando un quebranto en el ejercicio propio de su función pública".

El vigilante de seguridad privada que auxilió a la médico declaró durante la vista oral que el acusado, paciente del centro de salud, había acudido en días anteriores "nervioso" al ambulatorio "pidiendo recetas de benzodiazepinas, en concreto 'Rivotril".El día de autos dejó la puerta entreabierta al apreciar "alterado" al supuesto enfermo y de repente vio que la doctora "se levantaba de su mesa hacia atrás, asustada". Al entrar se encontró al agresor con un cuchillo levantado "a medio metro de la doctora", momento en el que amenazó con autolesionarse.

En lo que va de año, numerosos tribunales han emitido sentencias con penas de entre seis meses y más de dos años de cárcel a personas que han agredido a facultativos.

En lo que va de 2017, diferentes juzgados españoles han condenado a personas que han agredido a médicos con penas de cárcel que se acercan al año de duración, de forma generalizada, y que en algunos casos superan los dos años de prisión.

Así, y aunque la última sentencia en este sentido establece una condena de sólo cuatro meses de prisión a un hombre que agredió a un médico del Centro de Salud de Cabrerizas, en Melilla, después de que este le diera el alta médica a una baja que disponía desde hacía un tiempo, casos más recientes denotan una actitud más firme de los tribunales ante casos de este tipo.

De esta forma, el pasado mes de julio el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar (Almería) condenó a ocho meses de prisión y 60 días de multa con una cuota diaria de tres euros a un hombre de 52 años que agredió a un médico y a un celador en el servicio de Urgencias del centro de salud de Aguadulce-Sur, según informaba la Organización Médica Colegial. Al agresor se le acusó de la autoría de dos delitos de atentado contra la autoridad, dos delitos leves de lesiones, y un delito de amenazas leves.

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, presidió el pasado viernes el acto conmemorativo del centenario de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) celebrado en el Colegio de Médicos de Cuenca. Un acto en el que reconoció “el éxito y la labor asistencial” de la Fundación durante sus cien años de existencia y que consideró “motivo de orgullo y celebración”

En este encuentro autoridades, médicos colegiados, familiares, socio protectores, personal de la Fundación y de la entidad colegial encargados de la protección social recorrieron los cien años de historia de la Fundación y pusieron en valor la solidaridad de los médicos del Colegio de Médicos de Cuenca hacia sus compañeros y familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
 
Además de Ana Pastor, el acto contó con la participación del presidente de la FPSOMC y OMC, Dr. Serafín Romero; y el presidente y secretario general del Colegio de Médicos de Cuenca, doctores Carlos Molina y Abel J. Cuéllar, respectivamente y en él estuvieron presentes además autoridades locales: alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal; presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto; el director de Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha, José Antonio Ballesteros y subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Lidón.

“La defensa del sistema público de salud no excluye la necesaria colaboración público – privada”, según puso de manifiesto el presidente de la OMC, Dr. Serafín Romero, en la presentación de un libro que aborda esta colaboración en la atención sanitaria de nuestro país, a través de más de 40 artículos de expertos nacionales e internacionales.

El Dr. Romero puso de relieve durante la presentación del libro `Reflexiones sobre la colaboración público-privada en la atención sanitaria´ que la Organización Médica Colegial lleva marcado en su sello de actuación desde hace muchos años la defensa y preservación del sistema sanitario público, una defensa que – dijo – “no supone ir en contra de una atención sanitaria privada, algo que ya se refleja en la Ley General de Sanidad”.

La colaboración público-privada en la sanidad es “una realidad en todos los entornos autonómicos, sin embargo, en el contexto actual es imprescindible hablar de esta necesaria colaboración porque seguimos sin tener un modelo explicativo de hacia dónde vamos” – aseguró el Dr. Romero - quién hizo hincapié en la actual falta de un liderazgo real que marque el camino de la sociedad española del siglo XXI en atención sanitaria.

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, mantuvo un encuentro con subdelegado de Gobierno, D. Juan José Jiménez Prieto, para abordar el Protocolo de Actuación Policial en Centros Sanitarios en la provincia de Ciudad Real. A la convocatoria también asistieron Miguel Rufino Méndez, jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ciudad Real, así como representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional

Este protocolo, que surge tras la aprobación de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, contempla la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. Los interlocutores serán los encargados de mantener un contacto fluido y más directo entre la entidad colegial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de agresión al personal sanitario. En la provincia, tal y como explicó el presidente colegial, se contemplan cuatro responsables de la Policía Nacional para las zonas de Ciudad Real, Alcázar, Puertollano y Valdepeñas, y uno de la Guardia Civil para el resto de la provincia. El Dr. José Molina hizo hincapié en que la creación de esta figura puede tener una repercusión muy positiva para abordar un tema tan preocupante como la violencia en los centros de salud, que incide negativamente en la relación médico paciente.