La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, informó ayer a los consejeros asistentes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de que el Ministerio va a certificar a lo largo de esta semana a la Comunidad de Madrid para completar su incorporación al sistema de receta electrónica del SNS, a partir de ahí quedaría culmiado su proceso de interoperabilidad
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha informado hoy a los consejeros presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de que el Ministerio certifica esta semana a la Comunidad de Madrid para completar su incorporación al sistema de receta electrónica interoperable del SNS, una vez ha cumplido todos los requisitos técnicos exigidos. Con ello, en cuanto la Comunidad de Madrid active el servicio, se culminará el proyecto de interoperabilidad de receta en todo el SNS. De esta forma, cualquier ciudadano podrá retirar los medicamentos que tienen prescritos desde la farmacia de cualquier comunidad autónoma, ya que ésta era la única autonomía que no había implantado este servicio.
La ministra destacó la importancia de asegurar la continuidad asistencial y la atención a los problemas de salud que puedan surgir durante un desplazamiento geográfico en todo el Sistema Nacional de Salud.
“Es importante recordar que la tarjeta sanitaria de cualquier comunidad autónoma, independientemente de su diseño gráfico, es válida en cualquier punto del SNS o en cualquier farmacia española porque se gestiona para todos con unas reglas comunes y desde un único sistema de información”, señaló la ministra.
Carcedo recordó que la base de la interoperabilidad está en el sistema común de identificación personal, un sistema centralizado en el Ministerio de Sanidad. La Base de Datos de Población Protegida del SNS recoge la información de todas las tarjetas sanitarias de las comunidades autónomas y asigna a cada persona un código de identificación único para todo el SNS.
Este código es la clave que permite vincular toda la información sanitaria de una persona generada en cualquier servicio de salud, independientemente del lugar de procedencia de la tarjeta o de los diferentes formatos que tengan en cada comunidad autónoma emisora. El código y la base de datos son el soporte tanto del sistema de receta interoperable como el de la historia clínica electrónica compartida.
La historia clínica interoperable permite que los profesionales sanitarios autorizados por cada consejería y dotados de un sistema de identificación digital seguro -así como los propios usuarios- accedan a los datos clínicos relevantes para atender a los pacientes desplazados. Con ello se consigue que la información clínica del paciente viaje con él y esté disponible allá donde necesite asistencia sanitaria en el SNS.
En el caso de la interoperabilidad de la historia clínica, Cataluña ha sido la última comunidad autónoma en incorporarse. El pasado mes de enero activó la posibilidad de que los informes de su población puedan ser consultados en el resto del SNS. Únicamente falta habilitar que los médicos catalanes puedan acceder a los informes vía telemática.
Incremento de plazas de formación postgraduada
La ministra ha informado a los consejeros de Sanidad del “importante incremento” de plazas de formación sanitaria en la próxima oferta 2019/2020. María Luisa Carcedo resaltó el trabajo realizado durante los últimos meses para desatascar los expedientes de acreditación de nuevas plazas, “algunos de los cuales llevaban congelados desde 2011”.
La ministra de Sanidad señaló que para la próxima convocatoria se convocarán unas 9.200 plazas de formación sanitaria, con un incremento de 780 plazas respecto a la oferta de febrero pasado, y un aumento de 450 plazas MIR y 300 plazas EIR.
Las 9.200 plazas de la próxima edición representan un 9% más de la última oferta, la de febrero de 2019. “El Ministerio está cumpliendo en su ámbito de responsabilidad en cuanto a la formación de más médicos y resolver las carencias existentes”, expresó la ministra.
Cartera de servicios comunes
El pleno del Consejo Interterritorial aprobó, con la abstención de Castilla y León y Andalucía, el Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS en relación con las técnicas de reproducción humana asistida.
Asimismo se modifica la clasificación y definición de centros, servicios y establecimientos sanitarios recogida en los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, incluyendo la unidad asistencial de banco de ovocitos.
Esta Orden persigue un interés general al pretender facilitar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida (RHA) en el marco de la cartera común de servicios del SNS a mujeres que, sin tener problemas de fertilidad, por su situación personal u orientación sexual, requieren de estos tratamientos para lograr la maternidad.
Para ello, se modifican los criterios que recoge la norma para el acceso a dichas técnicas que actualmente están orientados únicamente a un fin terapéutico de personas con trastornos de fertilidad, a prevenir la transmisión de enfermedades o trastornos graves, o a la preservación de la fertilidad en situaciones asociadas a procesos patológicos especiales.
Asimismo la Orden pretende incluir el banco de ovocitos en la clasificación y definición de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y unidades recogidas en los anexos del RD 1277/2003, de 10 de octubre.
La Orden favorece la equidad al homogeneizar los criterios de acceso a las técnicas de RHA para todas las mujeres que cumplan los criterios que se contemplan en la norma, independientemente de su inclinación sexual o estado civil.
La inclusión del banco de ovocitos en la oferta asistencial garantizará la información a los usuarios y favorecerá la igualdad de género en este ámbito, al asignar una categoría propia a la preservación de ovocitos al igual que la que ya se dispone en el caso del banco de semen.
Resistencia a antibióticos
El Pleno del Consejo Interterritorial aprobó el segundo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo la coordinación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Las acciones prioritarias del nuevo PRAN darán continuidad a las líneas de trabajo de la estrategia 2014-2018 con el objetivo de reducir el consumo de antibióticos y disminuir la necesidad de utilizar estos tratamientos en medicina humana y veterinaria. Se busca así frenar el crecimiento de la resistencia a los antibióticos y su impacto en la salud de toda la población.
La metodología del PRAN 2019-2021 mantendrá las seis líneas estratégicas establecidas en el plan anterior: vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación, así como el sistema de grupos de trabajo vigente desde entonces.
En esta estrategia seguirán trabajando todas las CC.AA., 8 ministerios (Sanidad, Agricultura, Economía, Educación, Interior, Defensa, Ciencia y Transición Ecológica); 70 sociedades científicas; organizaciones colegiales; asociaciones profesionales y universidades; y más de 300 expertos.
Entre los logros alcanzados destacan los relacionados con el consumo de antibióticos. Entre 2016 y 2017 se registró una reducción del 4,34% en el consumo total de antibióticos en salud humana lo que supone un cambio en la tendencia creciente que se registraba desde el año 2012.
En 2017 se lanzó la herramienta online Mapas de Consumo, la primera que permite consultar todas las cifras de consumo de antibiótico en salud humana por ámbito, año y tipo de antibiótico.
España está entre los países de la UE que más antibióticos consume. Según las cifras del Registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España como consecuencia de las infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes, más del doble de muertes que las provocadas por accidentes de tráfico.
El Pleno acordó además la creación de la Red de laboratorios para la vigilancia de los microorganismos resistentes. Se da cumplimiento así a una de las medidas del Plan Nacional frente a la Resistencia de los Antibióticos.
La Red establece tres niveles de vigilancia: nivel básico con capacidad para detectar los microorganismos resistentes; nivel 2, constituido por laboratorios de apoyo con capacidad para realizar todos los requerimientos diagnósticos que figuran en los protocolos de vigilancia; y nivel 3 que lo constituirá el Centro Nacional de Microbiología. Ejercerá funciones de referencia para los laboratorios de nivel 2 y para los laboratorios de las comunidades autónomas que no tengan designado ningún laboratorio de apoyo.
Ayudas a los afectados por la talidomida
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informó a los consejeros del Proyecto del Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985. Carcedo se mostró optimista ante la posibilidad de que el proyecto se apruebe antes de que finalice la presente legislatura. “Después de que lo estudie el Consejo de Estado llevaremos el decreto al Consejo de Ministros para su aprobación”, anunció.
Este Real Decreto amplía el periodo inicial de reconocimiento a las personas afectadas por la sustancia activa “talidomida” establecido entre los años 1960-1965. El nuevo texto pretende responder a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas a lo largo del periodo 1950-1985, según las diferentes situaciones personales que concurren en cada una de ellas.
Además, actualiza las cuantías de las ayudas previstas en el año 2010, dado el periodo transcurrido desde entonces, a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas, siempre que la dgestación se haya producido en España.
El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, compatibles con las descritas para la talidomida, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
A fecha 15 de octubre de 2018, las Unidades Técnicas de las CCAA han comunicado a la Unidad de Talidomida del Instituto de Salud Carlos III un total de 528 solicitudes y han informado que se ha iniciado la evaluación de 458 solicitantes.
Sin embargo, el Gobierno no concederá la exención fiscal a las ayudas de los afectados por la talidomida, una reivindicación histórica de las asociaciones de afectados, según confirmó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, este lunes tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Carcedo reconoció que esta es la petición del colectivo de afectados por la talidomida, “pero no es posible”, añadió.
Los afectados por la talidomida reclaman al Gobierno de Sánchez que las ayudas que reciban estén exentas de impuestos y tasas. La Asociación de Víctimas de la Talidomida solicitó en distintas ocasiones al Ejecutivo que las ayudas en concepto de compensación que el Estado les reconoció por ley estén exentas de pagar impuestos.
Además, piden el mismo trato fiscal que otras personas que reciben indemnizaciones del Estado. "No es de recibo un trato discriminatorio con respecto, no ya a nuestros homólogos europeos, sino incluso a españoles afectados por otros males, como los indemnizados a consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH o las víctimas de actos terroristas", apuntaron en declaraciones a los medios hace unes meses.
Protección integral a la infancia
La ministra informó a los consejeros de Sanidad del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado 28 de diciembre en Consejo de Ministros.
La Ley tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las novedades que introduce la norma en sus distintos ámbitos de actuación destaca el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente.
También, la modificación del Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores (el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años. Actualmente comienza a contar a partir de los 18 años); el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.
En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.
Verificación y autenticación de medicamentos
El Pleno del Consejo Interterritorial aprobó el Proyecto de Real Decreto de adecuación de la gestión de la prestación farmacéutica del SNS al marco normativo de la verificación y autenticación de medicamentos.
Una de las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal es el establecimiento de un mecanismo de verificación y autenticación de medicamentos de extremo a extremo de la cadena de suministro, que entró en funcionamiento el pasado 9 de febrero de 2019.
El marco normativo europeo establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Así, la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, establece una serie de medidas para exigir la presencia de dispositivos de seguridad, consistentes en un identificador único que permita verificar la autenticidad y la identificación de cada envase individual de un medicamento y un dispositivo contra manipulaciones que permite verificar si el embalaje exterior de un medicamento ha sido objeto de manipulación. Entre las medidas establecidas contempla la creación y gestión del sistema de repositorios que contenga información sobre los dispositivos de seguridad.
En nuestro país, el pasado 9 de febrero se puso en marcha el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) desde el que se gestiona el repositorio español.
Con el objeto de integrar desde el SNS la información necesaria en el repositorio nacional de verificación de medicamentos, así como crear la sinergia necesaria entre el SEVeM y la gestión de la prestación farmacéutica del SNS, se hace necesaria la creación de un nodo del Sistema Nacional de Salud, denominado Nodo SNSFarma, como instrumento de integración tecnológica e intercambio de información con dicho repositorio, que posibilite a las autoridades competentes el ejercicio de sus atribuciones en materia de supervisión y control de la información relacionada con la prestación farmacéutica.
Dentro del ámbito del medicamento, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. María Luisa Carcedo, informó a las comunidades autónomas de la puesta en marcha del Programa de Educación Sanitaria orientado a promover el uso racional de medicamentos entre la ciudadanía.
Es la primera vez que se realiza educación sanitaria a la ciudadanía de forma ordenada, sistematizada, independiente y homogénea en el Sistema Nacional de Salud. Se desarrollará a través de la plataforma de formación on-line de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), centro de referencia nacional del Instituto de Salud Carlos III y la institución más antigua dedicada a la formación de profesionales de la Salud Pública en España.
Entre los temas identificados como prioritarios destacan los principios activos, medicamentos genéricos y medicamentos biosimilares. Está previsto que el programa de educación sanitaria en el uso racional de medicamentos comience en junio de 2019.
Pseudoterapias
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha informado al Pleno del Consejo Interterritorial del SNS sobre el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, cuya campaña de comunicación y sensibilización se presentó este jueves.
Con esta campaña, conocida como #CoNprueba, el Gobierno cumple con su obligación en la protección de la salud como derecho básico frente técnicas con pretendida finalidad sanitaria, y de aportar fuentes fiables de información no solo de salud, sino también en materia de ciencia.
Carcedo ha informado al Pleno del resultado preliminar del primer trabajo relacionado con el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. Este primer informe tiene por objeto identificar, de un total de 139 técnicas, cuáles de ellas tienen publicaciones científicas. La conclusión del trabajo es que en 73 no se han identificado ni ensayos clínicos aleatorizados, ni revisiones sistemáticas ni meta-análisis.
Es decir, más de la mitad de las técnicas analizadas no tienen ningún soporte en el conocimiento científico con metodología lo suficientemente sólida que sirva para evaluar su seguridad, efectividad y eficacia, por lo que se pueden clasificar como pseudoterapias. El resto, 66, están siendo analizadas.
Terapias avanzadas
El Pleno del Consejo Territorial ha aprobado los documentos validados por el grupo de trabajo institucional del Plan de abordaje de las Terapias Avanzadas en el SNS. Se trata de los criterios para la designación de centros para la administración de los medicamentos de última generación CAR-T, el procedimiento para la valoración de solicitudes por parte del grupo de expertos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para la derivación de pacientes entre los centros del SNS, entre otras cuestiones.
Con estos criterios se pretende garantizar la calidad, la experiencia de los equipos que van a utilizar estas técnicas en hospitales y servicios concretos y la equidad.
Las CAR-T son terapias innovadoras de alto impacto sanitario y económico que ofrecen oportunidades para algunas enfermedades que hasta el momento carecen de tratamientos eficaces.
La estrategia terapéutica, en el caso de los tratamientos con células CAR-T, consiste en extraer y tratar en el laboratorio los linfocitos del paciente que, una vez modificados genéticamente, se administran como medicamento para combatir a las células tumorales.
El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Sanidad anunció la aprobación de la financiación de la primera terapia celular CAR-T industrial en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La autorización se ajusta a la indicación para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B refractaria, en recaída post trasplante o en segunda o posterior recaída en pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años de edad y para la indicación de Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG), en recaída o refractario tras dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos.
La ministra Carcedo presentó también a los representantes de las CC.AA. el Catálogo de Bienes y Servicios de adquisición centralizada en el Sistema Nacional de Salud. Son cerca de 25.000 artículos, entre medicamentos y productos sanitarios, catalogados de forma estructurada y jerarquizada.
La estructura del catálogo permite en un futuro incorporar también servicios sanitarios. Esta herramienta contribuirá a la mejora de las estrategias conjuntas de aprovisionamiento, incorporando al sistema de contratación centralizada un lenguaje único para la definición de ítems de forma simple y accesible. La iniciativa responde a criterios de equidad, calidad y cohesión en el Sistema Nacional de Salud.
FUENTE: medicosypacientes.com
