Más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida se encuentra en lista de espera en España y cada día fallecen cien personas dependientes sin recibir su prestación, según el 'Estudio del Gasto del sistema de Atención a la Dependencia' presentado por el Observatorio de la Dependencia
El presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez Navarro, fue el encargado de presentar el estudio en el encuentro 'Diez años de la Ley de Dependencia: Balance y retos del futuro' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Ramírez explicó que el Observatorio ha tenido acceso a datos oficiales de financiación al Sistema de Atención a la Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "estadísticas que se deberían hacer públicas por una cuestión de transparencia".
Señaló que "España cuenta con 315.000 personas dependientes sin atención, pese a tener derecho a esta prestación. El propio Ministerio reconoció en 2016 que en nuestro país murieron 40.000 personas sin recibir la protección a la que tienen derecho, lo que se traduce en cien personas fallecidas al día".
Según este estudio, "pese a que la Ley de Dependencia establece que la financiación se debe repartir a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas, la realidad es que el pasado año el Gobierno central solo financió el 17% de la inversión en dependencia, por el 83% que aportaron los gobiernos autonómicos".
El presidente manifestó que "el porcentaje que aporta el Estado, lejos de aproximarse a lo estipulado por la normativa, no para de bajar".
De hecho, la Administración General del Estado redujo en 2016 la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia con una aportación del 17,4%, siendo en 2015 este porcentaje 18%.
Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.
El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.
Por territorios, dos Comunidades destacan por el incremento del gasto público en 2016 respecto a 2015, con porcentajes superiores al 10%: la Comunidad Valenciana (14,6%) y Canarias (11,1%), lo que, a buen seguro, permitirá a ambas Comunidades superar el histórico retraso que ambas venían acumulando en el desarrollo del Sistema. Por su parte, solo tres Comunidades ha reducido el gasto con respecto al año anterior: Comunidad de Madrid (-1,2%), Cataluña (-12,6%) y La Rioja (-16,4%).
La FPSOMC, una ayuda complementaria al Sistema de la Dependencia
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) tiene como objetivo ofrecer una cobertura "complementaria" a la protección social que tiene el Estado de Bienestar.
En esta línea, atiende y da respuesta, complementariamente al sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia de protección social.
Entre sus prestaciones se encuentra el Servicio de Atención Social en el que valora los casos de dependencia aplicando baremos oficiales pero a través de sus propios profesionales lo que le permite acotar al máximo los plazos y agilizar, si así lo precisa, el posterior trámite de ayudas.
El Servicio de Atención Social ofrece información, valoración y orientación social a los médicos colegiados, familiares y beneficiarios en lo referente a posibles necesidades y problemáticas de ámbito familiar, social, educativo, laboral, etc.
Un primer nivel de servicio: Nivel I. Servicio T,Resuelve a través del teléfono 900 22 21 21 (Nivel I-Información), permite a los usuarios el acceso a una información completa, actualizada y en función de su situación personal y lugar de residencia, sobre cualquier tema de ámbito social, psicológico, nutricional, consejo médico y/o jurídico así como los recursos públicos y privados disponibles .
En un segundo nivel (Nivel II-Valoración y Orientación), el Servicio ofrece la posibilidad de llevar a cabo un estudio mayor de las necesidades de la persona, considerando los aspectos personales y de su entorno.
El Nivel III de Atención: la Gestión del Caso valorado, cuyo objetivo es favorecer el logro de los objetivos establecidos en la Propuesta de Orientación realizada, maximizando el acceso a los recursos de protección social disponibles y minimizando el riesgo de exclusión social del usuario.
FUENTE: medicosypacientes.com
