El Dr. Gaspar Garrote, secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz y miembro del Observatorio de Agresiones de la OMC, aborda en este artículo publicado en "MedicinaGaditana.es" la recién creada figura del “interlocutor policial territorial sanitario”, que viene a dar respuesta a la indefensión en la que el médico se ve sometido en su quehacer diario
Todos los agentes coincidimos ya en diagnosticar las agresiones a quienes cuidan de la salud como un problema personal y social que pone en riesgo a un colectivo vulnerable. Y lo que es peor: las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de crecer.
Desde el Observatorio de Agresiones, los Colegios de Médicos formalizamos y renovamos en 2010 el compromiso de combatir cualquier forma de violencia dirigida contra los profesionales sanitarios. Son muchos los pasos que desde entonces hemos dado para visibilizar y reclamar el reproche legal y social de los agresores pero también en la línea de concienciar, involucrar y coordinar a todos los agentes implicados en la tarea de maximizar la cooperación para minimizar la lacra de las agresiones a profesionales de la salud.
En un nuevo escalón hacia este objetivo, el pasado mes de julio la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, dictó las instrucciones para la aprobación de un protocolo sobre medidas policiales frente a agresiones de que puedan ser víctimas los profesionales sanitarios por parte de los usuarios de los servicios tanto en su centro como fuera de él en el ejercicio de su labor asistencial. El protocolo nace a propuesta del Observatorio de Agresiones a raíz de la reunión que mantuvimos en marzo con motivo del Día Nacional contra las Agresiones y en la que el Ministro del Interior mostró una enorme sensibilidad hacia este problema. Este paquete de medidas aspira a proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) un plan de actuación y mecanismos para la prevención, el seguimiento y una acción homogénea que disuada o permita anticiparse al acto violento.
Acabo de referirme a la prevención y a la importancia de adelantarnos a la agresión mediante acciones que no sólo se encaminen a interceptarla sino –y este sería el logro que perseguimos- a desterrarla del ámbito de nuestros centros médicos y de salud. Aquí radica precisamente la ambición de esta actuación coordinada, que nos permita reducir la incidencia objetiva de las agresiones pero también mejorar la sensación subjetiva de seguridad por parte de los profesionales. En este plano de confianza, la comunicación fluida y regular, la relación frecuente y cercana con las FCSE y el contacto periódico en cada demarcación sanitaria y con cada Colegio Médico provincial aportarán el beneficio añadido de ayudar al médico a superar las reticencias que pudiera tener a la hora de denunciar la agresión.
Dentro de esta nueva herramienta operativa sobresale la recién creada figura del “interlocutor policial territorial sanitario”, que viene a dar respuesta a la indefensión en la que el médico se ve sometido en su quehacer diario.
La nueva instrucción asigna a las FCSE la elaboración de un catálogo de centros médicos, diferenciando entre aquellos que prestan o no atención médica continuada y disponen de medidas de seguridad permanentes de los que las poseen parcialmente o carecen de ellas. A continuación clasifica los centros por nivel de riesgo y los integra en los planes de seguridad.
Entre los factores disuasorios para los agresores, la instrucción contempla la presencia de efectivos de seguridad en los centros y dispositivos de reacción si se consuma una agresión, y siempre mediante una comunicación trasversal entre las FCSE, los centros sanitarios y los Colegios de Médicos.
Al mismo tiempo, los profesionales recibirán formación en prevención y autoprotección, que alcanza también a la defensa frente a alusiones en redes sociales, como pueden ser la usurpación de identidad, injurias o calumnias.
A las medidas que refuerzan la prevención y mejoran la coordinación, este protocolo viene a sumar la reivindicación que venimos promoviendo desde el Observatorio de Agresiones de no hacer distinciones entre medicina pública o privada para dar plena consideración al acto médico con independencia del ámbito en que tenga lugar.
En nuestra comunidad autónoma, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha dado ya los primeros pasos con la Delegación de Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil para activar este protocolo. No es un paso más sino un salto kilométrico y cualitativo que sigue posicionándonos en vanguardia frente a las agresiones a nuestros profesionales y acorrala desde todos los frentes previsibles la mera intención de atentar contra nuestros médicos.
FUENTE: medicosypacientes.com
