El reciente informe de la Agencia Tributaria  acerca de la obligación de tributar por la formación continuada ha provocado cierta preocupación entre el sector médico, lo que ha dado pie a que órganos como el Foro de Médicos de Atención Primaria, que representa a las principales organizaciones médicas del primer nivel asistencial, así como FACME, (Federación de Sociedades Científicas) hayan emitido sendos comunicados para mostrar sus posicionamientos al respecto.

Para el Foro de Médicos de Atención Primaria integrado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), reunido, recientemente en la sede de SEMERGEN, la reciente medida planteada por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria acerca de la fiscalización de la formación continuada es calificada de "injusta e ilícita". 

De esta forma considera que; la formación continuada es una obligación y un derecho de los profesionales sanitarios desde el punto de vista profesional, deontológico y legal, tal y como recoge el Código de Deontología Médica.

 Asimismo, aseguran que los médicos del Sistema Nacional de Salud "no reciben esta formación por parte de las Administraciones públicas, quienes tienen la obligación de facilitarla y financiarla dentro de la propia jornada laboral". Esta realidad, a su juicio, conlleva a que los profesionales sanitarios deban dedicar su tiempo personal y sus ingresos en la formarción continuada para poder ofrecer una óptima calidad asistencial a todos los ciudadanos.

De ahí, prosiguen, "aún sin facilitar esta formación, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria penaliza a los profesionales sanitarios con un gravamen especial, lo que provocará una futura desaparición de la misma y repercutirá en un detrimento de la calidad de la atención a los ciudadanos".

FACME: "Inquietud generalizada"

Por su parte, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) ha lamentado que la Agencia Tributaria haya dado pie a la reactivación de una justificada inquietud generalizada entre profesionales y sus organizaciones acerca de la obligación de tributar las cantidades que la industria ha venido aportando como apoyo a la realización de congresos en forma de inscripciones, gastos de viaje y de alojamiento. Aunque conocemos que esta nota de la Agencia Tributaria obedece a la difusión de los términos contenidos en una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, en relación con un proceso que afecta a una determinada empresa sanitaria, no deja de ser cierto que su difusión, buscando un efecto más allá de la existencia de la propia resolución, ha desencadenado una oleada de reflexiones y preocupaciones que nos retrotraen a los momentos anteriores a las gestiones realizadas por nuestra Federación ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en las que se nos trasladó un compromiso de trabajo activo para la solución de este problema tributario.

En términos generales FACME se remite a su posicionamiento de 21 de marzo de 2017, del que remarca algunos de sus puntos:

-Las sociedades científicas han sido, son y seguirán siendo el foro natural del intercambio de conocimiento científico-técnico entre profesionales. Por ello desarrollan la imprescindible labor de actualización de los especialistas que por ley no es un lujo o afición de estos, sino una obligación.

-Si tal como dice la doctrina general fiscal la formación continuada necesaria para la empresa (en nuestro caso el propio Sistema Nacional de Salud, y con carácter de obligación legal del profesional como se acaba de señalar) debe ser financiada por la propia empresa (en cuyo caso está exenta de tributación) es obvio que debe ser la propia Administración la que establezca los cauces para que, en formación médica, la obligación de formarse se facilite y no se penalice. Entre tanto, la insistencia de una parte del gobierno, en este caso Hacienda, en la obligación de los profesionales en la declaración de unos ingresos o pagos que nunca se han producido de manera directa, solo añade perplejidad, confusión, inquietud e incomprensión, entre los médicos que se siente víctimas y desde luego no culpables por la ausencia de los debidos desarrollos normativos que ya en este momento resultan urgentes.

-Como ya se ha apuntado, FACME ha informado previamente que la posición que se nos ha trasladado desde del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es plenamente favorable y activa en la búsqueda de esa urgente búsqueda de solución del problema fiscal al que estamos haciendo referencia. De hecho, esta posición también está soportada por el apoyo del partido del gobierno a las iniciativas legislativas que apuntan en este mismo sentido. No obstante, y ante la insistencia informativa de Hacienda, requerimos que a la mayor brevedad posible se aporte desde la Administración, especialmente desde nuestro Ministerio, información clara, accesible y orientadora de lo que es la hoja de ruta previsible de este problema.

-En tanto esto se produzca es lógico que la incertidumbre, alentada por categóricas afirmaciones desde Hacienda, nos lleven a una escalada de manifestaciones e iniciativas múltiples. Entre ellas FACME comparte las líneas generales expresadas en un reciente comunicado por la Sociedad Española de Cardiología en cuanto al análisis y situación actual del problema de referencia.

-En cualquier caso, el órgano soberano de decisión de FACME, que es la asamblea de los Presidentes de la SSCC que la integran, va a reunirse el próximo 31 de mayo y de esa asamblea, sin duda, surgirán mandatos que la Federación ejecutará con diligencia y de conformidad a la voluntad de sus sociedades afiliadas.

-En consecuencia, FACME asume de forma clara la responsabilidad y liderazgo de las acciones que sean necesarias para solventar la injusta e insostenible situación que pone en riesgo nuestro papel como sociedades científicas en la sostenibilidad de la calidad asistencial críticamente dependiente de la capacidad del profesional para mantenerse actualiza.

Fuente: medicosypacientes.com