Estamos asistiendo a un importante incremento de las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su profesión. Aun cuando no disponemos de estadísticas completas que a nivel nacional reflejen su dimensión real, pills la OIT y la OMS denuncian que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Sin embargo la estadística, patient tras dos años de iniciado el registro nacional de agresiones a médicos, revela un aumento de las mismas, que solo muestra lo que consideramos que es la punta de un iceberg.
El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que la confianza se constituye como un elemento fundamental. Por ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese principio fundamental y afecto de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar.
Desde nuestro ámbito entendemos que debemos profundizar en el respeto al ejercicio por el ciudadano de los derechos que tiene reconocidos, pero también debemos instar a este al cumplimiento de sus deberes. Entre estos deberes se encuentran hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre ciudadanos y profesionales sanitarios.
Detrás de la violencia contra el personal sanitario encontramos un entramado causal de gran complejidad. Nada justifica la agresión a otro ser humano, pero realidades como la extensión de una mentalidad individualista que entiende cualquier recurso como bien de consumo, las falsas expectativas que en la sociedad se van generando en torno a los sistemas sanitarios, y la condescendencia de los poderes públicos ante su uso abusivo, contribuyen en buena manera a la creación de un ambiente hostil incompatible con la actividad sanitaria.
Todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema que debe partir del principio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero” (como ante cualquier tipo de violencia). Se debe promover un conocimiento integral del problema mediante la mejora los sistemas de registro, pero, sobre todo, se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, y asimismo promover una percepción positiva y realista de sus servicios ante el conjunto de la sociedad.
Aunque se han producido avances significativos en el tratamiento de este problema, se hace necesario un abordaje institucional, coordinado e integral, que garantice un completo apoyo al profesional agredido desde el primer momento, y avanzar en el diseño de procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública es un elemento fundamental. Asimismo, se deben proporcionar las medidas de prevención y protección que sean necesarias para garantizar un ejercicio seguro de las profesiones sanitarias.
Exigimos un claro compromiso de los poderes públicos y una concienciación de la sociedad ante esta lacra, promoviendo una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles al individuo que lo necesita, y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.